LA NUEVA MONARQUÍA BORBÓNICA. EL PAPEL DE ESPAÑA EN EUROPA.
Tras la muerte del heredero José Fernando de Baviera, Carlos II nombra como sucesor a Felipe de Anjou. La perspectiva de unión entre Francia y España bajo una misma corona desemboca en la formación de una alianza antiborbónica (Inglaterra, Austria, Holanda, Portugal y Saboya), la declaración de Guerra y el apoyo al candidato austriaco: el archiduque Carlos.
La Guerra de Sucesión tendrá un doble carácter: internacional, por estar implicadas diversas naciones, y civil, por cuanto los españoles se dividirán en uno u otro bando: Castilla apoyará al candidato francés y la Corona de Aragón al austriaco.
Fueron trece años de dura lucha en casi todos los escenarios de Europa occidental y su desarrollo fue sumamente complejo. Tras un primer momento favorable al candidato Habsburgo, desde 1707 sucesivas victorias felipistas restablecieron el equilibrio: Almansa (1707), Brihuega y Villaviciosa (1710). Dicho equilibrio, unido al agotamiento inglés y francés y a la muerte del emperador en Austria –cuyo trono ocuparía Carlos- conducirán el conflicto hacia la paz, iniciada con las conversaciones de Utrecht en 1713.
Los tratados de Utrecht, Rastatt y la Barrera suponen el comienzo de un nuevo capítulo en el panorama político de Europa. Los Borbones conseguían la meta de sus aspiraciones: Felipe era reconocido como rey de España, aunque se le impedía gobernar también en Francia. Pero España era en realidad la gran sacrificada; perdía sus dominios en Europa y aceptaba el dominio inglés sobre Menorca y Gibraltar, al tiempo que le permitía el tráfico de esclavos a América y la dotación de algunos barcos comerciales. Francia, derrotada militarmente, conservaba la frontera del Rin, pero vio recortados sus privilegios internacionales constatando el declive de su época dorada.
En lo político, la llegada de los Borbones al trono supuso el regeneracionismo de una nación agotada por los malos gobiernos, la bancarrota económica y la crisis social mediante la difusión de nuevas doctrinas resumidas en el ideario del Despotismo Ilustrado, que desde una actitud paternalista criticaba los abusos y los privilegios tradicionales contrarios a la felicidad de los pueblos.
Tras la paz de Utrecht, España pasó a ser una potencia de segundo orden en el continente. A partir de este momento los sucesivos monarcas y gobiernos optaron por revisar los acuerdos del mismo en función de dos principios básicos: contrarrestar el poderío inglés y preservar las colonias americanas. Para conseguirlo, la línea de actuación fue reforzar los lazos de amistad con Francia a través de los denominados “pactos de Familia”.
Durante todos estos años España vivió el redescubrimiento de América, con políticas “atlánticas” que trataron de proteger en lo posible el monopolio americano y garantizar la importación de “ultramarinos”. Esta actitud, iniciada con la fundación de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas de 1725, de la que el propio Felipe V era accionista, y que culmina con los conflictos de las Malvinas y la intervención de Carlos III en la guerra americana, se cercena bajo el reinado de Carlos IV. Tras el estallido de la Revolución Francesa un año después de su ascenso al poder España inicia una política de cerrazón (el “cordón sanitario”) que le llevará finalmente a invertir las tradicionales alianzas del siglo y romper los lazos diplomáticos con la Francia revolucionaria.
LAS TRANSFORMACIONES POLÍTICAS INTERNAS.
La entronización de los Borbones impulsó la transformación de las estructuras de gobierno de la monarquía española y sentó las bases de la organización estatal del siglo. Si muchos de los cambios que se llevan a cabo en la administración central responden a la influencia francesa, en buena medida la génesis de las reformas se habían planteado con anterioridad. No obstante, las reformas suponen una clara ruptura con la práctica de gobierno de Carlos II y marcan la vuelta del monarca al primer plano de la política del Estado.
Sin duda, la medida más radical fue la disolución de la Corona de Aragón como conjunto orgánico con los Decretos de Nueva Planta (1707, 15 Y 16, en Valencia y Aragón, Mallorca y Cataluña, respectivamente). El nuevo estatuto de los territorios aragoneses modificaba la configuración plural de la monarquía española e imponía un modelo de estado centralizado y unitario que acababa con el sistema pactista entre el monarca y los reinos. Los decretos tenían en común la desaparición de las instituciones propias de cada reino, la supresión del derecho de extranjería, la aplicación del derecho criminal castellano y la introducción de un sistema impositivo común. La experiencia de unificación no era nueva y venía a continuar los proyectos del conde-duque de Olivares dos generaciones antes (Ley de Armas), pero ahora comportaba una modificación radical de la administración del Estado a todos los niveles: el rey acumulaba todo el poder político, los Consejos quedaron reducidos a un órgano meramente consultivo y sus funciones fueron absorbidas por las Secretarías de Estado. Además, se suprimieron las Cortes de los reinos de Aragón que se integraron a las de Castilla en Cortes comunes, que perdieron la poca importancia que aún conservaban.
Desde el punto de vista territorial, los antiguos virreinatos de Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña (se conservaron en Navarra y América) se convirtieron en distritos administrativos llamados Capitanías Generales. Esta nueva institución prestigiaba las Audiencias (gubernativa y judicial) y estaba complementada por un nivel administrativo inferior de nueva creación: las intendencias, el antecedente de las actuales provincias.
Las disposiciones centralistas afectaron también a la administración local.
CONCLUSIÓN.
Tras la muerte del heredero José Fernando de Baviera, Carlos II nombra como sucesor a Felipe de Anjou. La perspectiva de unión entre Francia y España bajo una misma corona desemboca en la formación de una alianza antiborbónica (Inglaterra, Austria, Holanda, Portugal y Saboya), la declaración de Guerra y el apoyo al candidato austriaco: el archiduque Carlos.
La Guerra de Sucesión tendrá un doble carácter: internacional, por estar implicadas diversas naciones, y civil, por cuanto los españoles se dividirán en uno u otro bando: Castilla apoyará al candidato francés y la Corona de Aragón al austriaco.
Fueron trece años de dura lucha en casi todos los escenarios de Europa occidental y su desarrollo fue sumamente complejo. Tras un primer momento favorable al candidato Habsburgo, desde 1707 sucesivas victorias felipistas restablecieron el equilibrio: Almansa (1707), Brihuega y Villaviciosa (1710). Dicho equilibrio, unido al agotamiento inglés y francés y a la muerte del emperador en Austria –cuyo trono ocuparía Carlos- conducirán el conflicto hacia la paz, iniciada con las conversaciones de Utrecht en 1713.
Los tratados de Utrecht, Rastatt y la Barrera suponen el comienzo de un nuevo capítulo en el panorama político de Europa. Los Borbones conseguían la meta de sus aspiraciones: Felipe era reconocido como rey de España, aunque se le impedía gobernar también en Francia. Pero España era en realidad la gran sacrificada; perdía sus dominios en Europa y aceptaba el dominio inglés sobre Menorca y Gibraltar, al tiempo que le permitía el tráfico de esclavos a América y la dotación de algunos barcos comerciales. Francia, derrotada militarmente, conservaba la frontera del Rin, pero vio recortados sus privilegios internacionales constatando el declive de su época dorada.
En lo político, la llegada de los Borbones al trono supuso el regeneracionismo de una nación agotada por los malos gobiernos, la bancarrota económica y la crisis social mediante la difusión de nuevas doctrinas resumidas en el ideario del Despotismo Ilustrado, que desde una actitud paternalista criticaba los abusos y los privilegios tradicionales contrarios a la felicidad de los pueblos.
Tras la paz de Utrecht, España pasó a ser una potencia de segundo orden en el continente. A partir de este momento los sucesivos monarcas y gobiernos optaron por revisar los acuerdos del mismo en función de dos principios básicos: contrarrestar el poderío inglés y preservar las colonias americanas. Para conseguirlo, la línea de actuación fue reforzar los lazos de amistad con Francia a través de los denominados “pactos de Familia”.
Durante todos estos años España vivió el redescubrimiento de América, con políticas “atlánticas” que trataron de proteger en lo posible el monopolio americano y garantizar la importación de “ultramarinos”. Esta actitud, iniciada con la fundación de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas de 1725, de la que el propio Felipe V era accionista, y que culmina con los conflictos de las Malvinas y la intervención de Carlos III en la guerra americana, se cercena bajo el reinado de Carlos IV. Tras el estallido de la Revolución Francesa un año después de su ascenso al poder España inicia una política de cerrazón (el “cordón sanitario”) que le llevará finalmente a invertir las tradicionales alianzas del siglo y romper los lazos diplomáticos con la Francia revolucionaria.
LAS TRANSFORMACIONES POLÍTICAS INTERNAS.
La entronización de los Borbones impulsó la transformación de las estructuras de gobierno de la monarquía española y sentó las bases de la organización estatal del siglo. Si muchos de los cambios que se llevan a cabo en la administración central responden a la influencia francesa, en buena medida la génesis de las reformas se habían planteado con anterioridad. No obstante, las reformas suponen una clara ruptura con la práctica de gobierno de Carlos II y marcan la vuelta del monarca al primer plano de la política del Estado.
Sin duda, la medida más radical fue la disolución de la Corona de Aragón como conjunto orgánico con los Decretos de Nueva Planta (1707, 15 Y 16, en Valencia y Aragón, Mallorca y Cataluña, respectivamente). El nuevo estatuto de los territorios aragoneses modificaba la configuración plural de la monarquía española e imponía un modelo de estado centralizado y unitario que acababa con el sistema pactista entre el monarca y los reinos. Los decretos tenían en común la desaparición de las instituciones propias de cada reino, la supresión del derecho de extranjería, la aplicación del derecho criminal castellano y la introducción de un sistema impositivo común. La experiencia de unificación no era nueva y venía a continuar los proyectos del conde-duque de Olivares dos generaciones antes (Ley de Armas), pero ahora comportaba una modificación radical de la administración del Estado a todos los niveles: el rey acumulaba todo el poder político, los Consejos quedaron reducidos a un órgano meramente consultivo y sus funciones fueron absorbidas por las Secretarías de Estado. Además, se suprimieron las Cortes de los reinos de Aragón que se integraron a las de Castilla en Cortes comunes, que perdieron la poca importancia que aún conservaban.
Desde el punto de vista territorial, los antiguos virreinatos de Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña (se conservaron en Navarra y América) se convirtieron en distritos administrativos llamados Capitanías Generales. Esta nueva institución prestigiaba las Audiencias (gubernativa y judicial) y estaba complementada por un nivel administrativo inferior de nueva creación: las intendencias, el antecedente de las actuales provincias.
Las disposiciones centralistas afectaron también a la administración local.
CONCLUSIÓN.
En conclusión, el estado-nación España que surgió con los Decretos de Nueva Planta se consolidará a lo largo del siglo XVIII. La vieja acepción de España como mero ámbito territorial, propia de la época medieval, adquiere ahora connotaciones diferentes tras la desaparición del rol de potencia mundial tras el reinado de los Austrias.
Este nuevo papel se inserta también en el marco de las transformaciones ideológico-económicas del resto de Europa. La política borbónica no fue ajena a las necesidades de cambio que demandaba la sociedad ilustrada y fueron notables los esfuerzos realizados por mejorar el desarrollo agrícola, industrial y comercial, así como las reformas sociales tendentes al aumento demográfico como medio para enriquecer a la nación. Esta postura supuso una revisión profunda de la vida nacional y, por primera vez, desde los inicios de la Edad Moderna, intentaba situar a España, no sin grandes esfuerzos, en el contexto común europeo.
Este nuevo papel se inserta también en el marco de las transformaciones ideológico-económicas del resto de Europa. La política borbónica no fue ajena a las necesidades de cambio que demandaba la sociedad ilustrada y fueron notables los esfuerzos realizados por mejorar el desarrollo agrícola, industrial y comercial, así como las reformas sociales tendentes al aumento demográfico como medio para enriquecer a la nación. Esta postura supuso una revisión profunda de la vida nacional y, por primera vez, desde los inicios de la Edad Moderna, intentaba situar a España, no sin grandes esfuerzos, en el contexto común europeo.
