El examen de recuperación se mantiene en los términos previstos. Viernes a las 16:00 en el aula habitual. Por cierto, la puerta principal del edificio estará cerrada, por lo que debereis acceder directamente por la puerta del edificio de bachillerato la que está a la izquierda).
Estudiad un poco. MANUEL.
jueves, 19 de mayo de 2011
martes, 17 de mayo de 2011
LA LISTA DE SCHINDLER...
Inclouyo la lista de los que debeis recuperar y las evaluaciones correspondientes.
ANA BALESTEROS. 1,2,3.
AROA CALDERÓN 1,2,3.
NIEVES CHARCO 1,3.
NURIA DE LA BANDA 1.
ALONSO GARCÍA 1,2,3.
ÁNGELES GARCÍA 1,2.
ESTHER GARCÍA 1,2,3.
JUAN JOSÉ GONZÁLEZ 1,3.
INÉS JAREÑO 1,3.
ALICIA MARTÍNEZ 1,2,3.
JENNIFER PEÑARRUBIA 1.
ÁLVARO SAIZ 1,2,3.
MARÍA SERRANO 3
ISABEL TALAVERA 1,2,3.
FRANCISCO TÉBAR 1,2,3.
JAVIER SÁNCHEZ 1,2.
MARCHELA TSVETOSLAVOVA 1,2,3.
LAURA VILLODRE 1,2,3,
A los que no apareceis en la lista, ¡ENHORABUENA!
ANA BALESTEROS. 1,2,3.
AROA CALDERÓN 1,2,3.
NIEVES CHARCO 1,3.
NURIA DE LA BANDA 1.
ALONSO GARCÍA 1,2,3.
ÁNGELES GARCÍA 1,2.
ESTHER GARCÍA 1,2,3.
JUAN JOSÉ GONZÁLEZ 1,3.
INÉS JAREÑO 1,3.
ALICIA MARTÍNEZ 1,2,3.
JENNIFER PEÑARRUBIA 1.
ÁLVARO SAIZ 1,2,3.
MARÍA SERRANO 3
ISABEL TALAVERA 1,2,3.
FRANCISCO TÉBAR 1,2,3.
JAVIER SÁNCHEZ 1,2.
MARCHELA TSVETOSLAVOVA 1,2,3.
LAURA VILLODRE 1,2,3,
A los que no apareceis en la lista, ¡ENHORABUENA!
martes, 10 de mayo de 2011
Tema 12.- LA ESPAÑA ACTUAL Y SU INTEGRACIÓN EN EUROPA
1. La transición política 1975-1982
Tras la muerte de Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey en un contexto político de gran incertidumbre. Se iniciaba un complejo proceso de transición que llevaría de la dictadura a un sistema democrático. Este proceso de transición se ha convertido al pasar los años en un modelo para muchos países por el escaso nivel de violencia que la acompañó.
Las fuerzas políticas en escena
Los Franquistas
Al morir Franco, las diferencias entre el "bunker", organizado en torno a figuras como Blas Piñar, y los "aperturistas" se agudizaron. Entre estos últimos había políticos veteranos de la dictadura que estaban convencidos de la necesidad del cambio, este era el caso de Fraga o Areilza, y jóvenes que no habían vivido la guerra civil y que iban a desempeñar un papel clave en la transición. Adolfo Suárez será la figura clave en este grupo.
Las fuerzas de oposición
Las fuerzas de la derecha liberal eran muy débiles y se agrupaban en torno a figuras como Ruiz Giménez y Gil Robles o los partidarios de Juan de Borbón, padre del monarca.
Entre las fuerzas nacionalistas hay que destacar la aparición de una nueva fuerza hegemónica en Cataluña, Convergència Democràtica de Catalunya dirigida por Jordi Pujol. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco será la fuerza mayoritaria. Teóricamente contrario al terrorismo, en la práctica no se enfrentaba con las acciones de una ETA cada vez más activa.
Entre las fuerzas de izquierda sobresalía el Partido Comunista de España, dirigido por Santiago Carrillo, y, sin lugar a dudas, el partido más organizado y activo al acabar la dictadura. El PSOE había celebrado un Congreso en Suresnes (Francia) en 1974 en el que un nuevo grupo dirigente organizado en torno a Felipe González y Alfonso Guerra había llegado al poder. El Partido Socialistas Popular de Enrique Tierno Galván era otra fuerza de izquierda que terminó finalmente por unirse al PSOE.
La hegemonía comunista también se reflejaba en el mundo sindical. Comisiones Obreras era el sindicato más poderoso, mientras que la UGT comenzaba a reorganizarse. La histórica CNT se convirtió en una fuerza meramente simbólica.
Las disensiones entre el PCE y el PSOE impidieron que toda la oposición democrática se coaligara en una única alianza. Así, surgieron la Junta Democrática, dominada por el PCE y con fuerte capacidad de movilización y la Plataforma de Convergencia Democrática, donde el PSOE, el PNV y la UGT eran las fuerzas principales.
Los primeros momentos del reinado de Juan Carlos I. El gobierno de Arias Navarro (noviembre 1975-julio 1976)
Los primeros momentos de la monarquía de Juan Carlos I estuvieron caracterizados por la indefinición. Muchos sospechaban que la nueva monarquía sería una mera continuador del franquismo sin Franco. Sin embargo, el nuevo monarca se fue rodeando de un grupo de asesores, entre los que destacaba Torcuato Fernández Miranda, que diseñaron un plan de cambio político. Este cambio se vino en denominar la reforma. Se trataba de aplicar cambios controlados que garantizaran la intangibilidad de los funcionarios y militares franquistas y que llevaran a un sistema democrático desde las propias leyes franquistas.
En un principio el rey optó por mantener al frente del gobierno a Arias Navarro, quien había presidido el ejecutivo en la fase final de la dictadura. El gobierno incluía a Manuel Fraga en el puesto clave de ministro del Interior y figuras jóvenes procedentes del Movimiento como Adolfo Suárez o Martín Villa.
El gobierno de Arias fracasó a la hora de implementar un proceso de reformas creíble y respondió con represión a las protestas sociales. Una oleada de huelgas se extendió por el país en enero de 1976. La respuesta represiva culminó con los incidentes de Vitoria, en marzo de 1976, cuando cinco trabajadores murieron a manos de la policía.
Ese mismo mes de marzo, toda la oposición se agrupó en la Coordinación Democrática lo que reforzó las protestas contra el inmovilismo del gobierno de Aria Navarro. Finalmente, el rey, que no había disimulado su descontento con la labor del ejecutivo, destituyó a Arias Navarro en julio de 1976.
El Gobierno Suárez y la Ley de Reforma Política
El nombramiento de Adolfo Suárez, joven político procedente del Movimiento, como nuevo presidente del gobierno fue recibido con decepción entre la opinión democrática. Pese a que el nuevo gobierno estaba formado por ministros aperturistas, muchos pensaron que Suárez no era el hombre adecuado para liderar el proceso hacia la democracia.
Poco tiempo después, en septiembre de 1976, Suárez presentó el proyecto de Ley para la Reforma Política. Era la concreción legislativa del proceso de desmantelamiento del franquismo desde el propio régimen. Paralelamente, Suárez inicio contactos discretos con la oposición democrática.
Los sectores más inmovilistas del franquismo, crecientemente irritados por la evolución política y los atentados terroristas de ETA y el GRAPO, empezaron a conspirar para organizar un golpe militar contra el incipiente proceso de reformas. En septiembre de 1976, Suárez nombró al teniente general Gutiérrez Mellado vicepresidente del gobierno. Gutiérrez Mellado fue una figura clave para controlar el peligro golpista en el Ejército.
Pese a las conspiraciones golpistas y a los actos terroristas de ETA, la conciencia de los cambios eran inevitables, llevaron a las Cortes franquistas a aprobar en noviembre la Ley de Reforma Política, lo que suponía su "suicidio político".
Avances de la oposición
Poco a poco, la oposición fue saliendo de la clandestinidad. El PSOE celebró en Madrid su XXVII Congreso al que asistieron importantes líderes internacionales. Santiago Carrillo, el líder comunista dio una rueda de prensa clandestina en Madrid reclamando el derecho del PCE a ser legalizado. Detenido el 23 de diciembre de 1976, fue puesto en libertad ocho días después.
Ese mismo mes se había celebrado un referéndum popular sobre la Ley de Reforma Política. La respuesta había sido contundente: con 77.7% de participación, el 94.1% de los votos habían sido positivos.
La oposición, que en un principio había desconfiado de Suárez, pasó a aceptar lo inevitable: el fin del franquismo no se realizaría mediante lo que denominaban la ruptura democrática (gobierno provisional, amnistía, legalización de todos los partidos, elecciones libres...). En adelante, gran parte de la oposición pasó a apoyar un proceso de reforma que iba a concluir en el establecimiento de un genuino régimen democrático.
El año clave: 1977
El proceso de reformas estuvo siempre amenazado por dos fuerzas opuestas que se alimentaban mutuamente. Por un lado, las fuerzas de extrema derecha, en las que se agrupaban los residuos del franquismo más duro, grupos terroristas como los Guerrilleros de Cristo Rey, diarios del régimen como El Alcázar, o grupos políticos como Fuerza Nueva dirigida por Blas Piñar. Esta extrema derecha centró sus esfuerzos en alentar un golpe militar que pusiera fin al proceso democrático. Por otro lado, los grupos terroristas nacionalistas como ETA o de extrema izquierda como el GRAPO con sus ataques al ejército y las fuerzas policiales alimentaban las posibilidades de un golpe militar.
La situación llegó a su momento de máxima tensión en la semana del 23 al 29 de enero de 1977, cuando una sucesión de hechos violentos estuvo a punto de dar al traste con la transición. Al asesinato de un estudiante en una manifestación pro-amnistía por parte de los "Guerrilleros de Cristo Rey", le siguió el secuestro del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el general Villaescusa, por parte del GRAPO y la matanza de cinco abogados laboralistas del PCE en Atocha por grupos de pistoleros de extrema derecha.
La respuesta popular fue una gran manifestación de repulsa en Madrid que se desarrolló pacíficamente y que mostró claramente la voluntad general de continuar los cambios de forma pacífica.
Adolfo Suárez supo sortear los obstáculos y adoptó medidas que permitieron el paso a un régimen democrático. La legalización del PCE en abril de 1977 y la amnistía de los presos políticos llevaron a la celebración de las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República en junio de 1977.
El partido triunfador fue la Unión del Centro Democrático (UCD), nuevo partido organizado por Suárez en el que se agrupaban los aperturistas del franquismo con algunos elementos moderados de la antigua oposición democrática. La UCD obtuvo el 34.5% de los votos.
El segundo partido más votado fue el PSOE de Felipe González con casi el 30% de los votos. Ante la sorpresa de muchos, el PSOE se hizo con la hegemonía en la izquierda. Por detrás quedó el PCE con un 9.4% y la Alianza Popular de Manuel Fraga con el 8.0%. Convergència i Unió de Jordi Pujol y el PNV se constituyeron como las principales fuerzas nacionalistas.
El nuevo gobierno de Suárez se aprestó a hacer frente a los dos principales desafíos del momento: elaborar una Constitución que articulara políticamente el nuevo sistema democrático y hacer frente al terrorismo de ETA, que seguía atentando pese a una amnistía total decretada en octubre de 1977, y al peligro golpista.
Todo este delicado proceso político debía hacerse en un contexto de profunda crisis económica. La crisis del petróleo de 1973 había golpeado duramente a España y el paro y la inflación crecían alarmantemente. Para estabilizar la situación económica las principales fuerzas políticas firmaron en octubre de 1977 los Pactos de la Moncloa, una serie de medidas consensuadas para hacer frente a las graves dificultades económicas.
2. La Constitución de 1978: principios, instituciones y autonomías. Gobiernos democráticos 1982-2004
A las pocas semanas de su elección, las Cortes iniciaron los trabajos para elaborar la Constitución. Las Cortes elegidas en 1977 se convirtieron inmediatamente en Cortes Constituyentes.
Se eligió una Comisión Constitucional y esta eligió a siete diputados para elaborar un primer texto como proyecto constitucional. Estos siete diputados, los "padres de la constitución" fueron Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca de UCD; Gregorio Peces-Barba del PSOE; Jordi Solé Turá del PCE; Miquel Roca, en representación de Minoría Catalana y del PNV ; y Manuel Fraga de AP. La ausencia de un representante del PNV ligada a la cuestión de los "derechos históricos", tuvo graves consecuencias ya que el principal partido nacionalista vasco no apoyó finalmente el texto constitucional.
La palabra que más se utilizó durante el proceso de redacción de la constitución fue la de "consenso". Se trataba de evitar la triste tradición española de "constituciones de partido" que habían jalonado especialmente nuestro siglo XIX. Aquellas cuestiones que suscitaban mayores diferencias fueron redactadas de tal forma que pudieran ser aceptadas por las diversas fuerzas políticas. Esta es la razón de la cierta ambigüedad que se puede encontrar en algunos artículos de la Constitución.
Tras su debate en el Congreso y en el Senado, el texto final fue aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados por 316 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Finalmente, el Proyecto de Constitución fue sometido a referéndum de los ciudadanos el 6 de diciembre de 1978. La Constitución quedó aprobada con un 87,87% de votos afirmativos.
El proceso preautonómico
Ante el deseo de autogobierno de vascos y catalanes, manifestado de forma espectacular el 11 de septiembre cuando millón y medio de catalanes se manifestaron por la autonomía en Barcelona, el gobierno de Suárez inició el proceso preautonómico antes de la aprobación de la Constitución.
Suárez optó por el restablecimiento formal de la Generalitat, en septiembre de 1977, y en el País Vasco en diciembre de ese mismo año se creó el Consejo General Vasco, como régimen preautonómico para la región. A principios de 1978, Cataluña y País Vasco eran regiones preautonómicas. Entre abril y octubre de 1978, se crearon por decreto-ley, organismos preautonómicos para el gobierno de Galicia, Asturias, Castilla-León, Aragón, Castilla-La Mancha, País Valenciano, Extremadura, Andalucía, Murcia, Baleares y Canarias.
Ante las demandas de autonomía de catalanes y vascos, y en menor medida de gallegos, el gobierno de UCD optó por impulsar la generalización del principio de autonomía regional. Se trataba de lo que coloquialmente se denominó "café para todos" y prefiguró el futuro constitucional de la estructura territorial de España.
Contenido de la Constitución
En el título preliminar se contienen los principios fundamentales de la Constitución:
Se define a España como un Estado social y democrático de Derecho, se proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo y se define la forma política del Estado como una Monarquía parlamentaria.
El artículo 2 hace compatible la unidad de la Nación con el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Esta es una de las grandes novedades de la Constitución.
El título I es el más extenso de la Constitución y contiene los derechos, libertades y deberes de los españoles.
Aquí se recogen los derechos individuales como el derecho a la vida, a la integridad física, la libertad ideológica, religiosa y de culto, a la libertad de expresión, a la educación, etc. También se incluyen algunos derechos sociales como la protección a la familia, disponer de una vivienda digna, disfrutar del medio ambiente, derecho al trabajo, a la protección de la salud, etc.
La única modificación realizada en la Constitución hasta el año 2006 se realizó en 1992 para conceder el derecho al voto en las elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión Europea que viven en España. Esta modificación se hacía necesaria tras la ratificación por España del Tratado de la Unión Europea.
En lo que se refiere a la Corona se establece que el Rey es el Jefe del Estado y se fijan sus funciones, atribuciones y prerrogativas. Su poder es formal.
La Constitución establece la separación de poderes y organiza los poderes del Estado:
• Las Cortes están formadas por dos Cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas son elegidas por sufragio universal y ejercen el poder legislativo.
• El Gobierno, que ejerce el poder ejecutivo, dirige la política interior y exterior de España. También tiene potestad legislativa ya que puede presentar proyectos de leyes a las Cortes y desarrolla los reglamentos de las leyes aprobadas. El Presidente del Gobierno es investido por el poder legislativo.
• Los Jueces y magistrados ejercen el poder judicial. Se crea el Tribunal Constitucional cuya función es evitar cualquier violación de la Constitución y vigilar que no haya leyes que contradigan al texto constitucional. Es también el máximo órgano encargado de proteger los derechos y libertades fundamentales.
En su título VIII la Constitución de 1978 trató de abordar uno de los problemas históricos de nuestro país: aunar la unidad del Estado con la diversidad de regiones y nacionalidades que lo componen.
Se establecieron los cauces legales para que los territorios que lo desearan y que cumplieran una serie de requisitos pudieran constituirse en Comunidades autónomas.
Las Comunidades Autónomas que se constituyeran tendrían un Estatuto de Autonomía en el que se recogerían las competencias que asumían. Los Estatutos de Autonomía deben ser aprobados por las Cortes Generales.
Aprobada la Constitución, se constituyeron en el período 1979-1983 las actuales Comunidades Autónomas y nuestro país quedó conformado por 17 Comunidades y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Mellilla constituidas en 1995). La Constitución también establece el principio de solidaridad y el equilibrio económico entre las distintas regiones del territorio español.
La segunda legislatura de UCD y el fin del gobierno de Suárez (1979-1981)
Tras aprobarse la Constitución, las Cortes fueron disueltas y en las nuevas elecciones celebradas el 1 de marzo de 1979 volvió a triunfar la UCD de Suárez. No ocurrió así en las elecciones municipales, las primeras democráticas desde la II República, celebradas poco después. La izquierda conquistó los principales ayuntamientos mediante la alianza del PSOE y el PCE.
Pese a esta alianza, Felipe González forzó un giro político e ideológico en el PSOE tras la celebración de su XXVIII Congreso. El PSOE abandonó el marxismo como ideología oficial y se configuró como un partido de izquierda moderada que podía aspirar al poder en unas próximas elecciones.
El año 1979 se inició un proceso de deterioro político que culminará con el golpe de estado frustrado en 1981. Diversos factores explican esta crisis política:
• La brutal campaña terrorista de ETA que causó 77 muertos en 1979 y 95 en 1980. Esos fueron los dos años más letales de la banda.
• El consiguiente desasosiego en los círculos militares de extrema derecha que iniciaron contactos para la preparación de un golpe.
• El fin del consenso con el inicio por parte del PSOE de una dura campaña de oposición.
• La aprobación de los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña a fines de 1979 y las consiguientes elecciones autonómicas que dieron mayoría a las fuerzas nacionalistas. Convergència y Unió de Jordi Pujol y el PNV.
• La crisis interna de UCD. Las disensiones y críticas internas en un partido que había nacido de forma artificial fueron minando poco a poco la posición de Suárez, a menudo enfrentado con miembros de su propio partido.
Todos estos factores precipitaron la dimisión de Suárez el 29 de enero de 1981. Calvo Sotelo, dirigente de UCD, fue designado candidato a la presidencia. Tras no obtener mayoría suficiente en una primera votación, se fijó para el día 23 de febrero la segunda votación para su investidura.
El golpe de estado del 23-F
Mientras se celebraba la votación de investidura un grupo de guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Tejero entraron en las Cortes secuestrando al poder legislativo y ejecutivo. El capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, decretaba el estado de guerra y publicaba un bando que recordaba los del verano de 1936. El segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, Alfonso Armada, era otro de los principales golpistas.
El golpe no contó, sin embargo, con el apoyo unitario del ejército. La labor de algunos militares como el capitán general de Madrid, Quintana Lacaci, posteriormente asesinado por ETA, fue clave para abortar el golpe. El momento decisivo llegó en la madrugada cuando el rey se dirigió a los ciudadanos, explicando las órdenes que había transmitido a los altos cargos militares de sumisión al orden constitucional.
El último gobierno de UCD: Calvo Sotelo (1981-1982)
Calvo Sotelo gobernó sólo un año y medio en un período marcado por la descomposición de su propio partido, la aprobación de la Ley del Divorcio con una fenomenal oposición de la Iglesia y el escándalo del envenenamiento masivo por aceite de colza desnaturalizado.
En mayo de 1982, con la oposición de los partidos de izquierda, España ingresó en la Organización del Atlántico Norte (OTAN). El PSOE prometió un referéndum popular sobre esta adhesión si ganaba las elecciones.
En octubre de 1982, Calvo Sotelo convocó elecciones. El PSOE consiguió un triunfo arrollador con más de 10 millones de votos y mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El proyecto de "cambio" de Felipe González había arrollado a una UCD que casi desapareció en las elecciones y fue sustituida por la Alianza Popular de Manuel Fraga como el principal partido de la derecha.
Los gobiernos socialistas de Felipe González (1982-1996)
En la primera legislatura socialista (1982-1986), el gobierno de González tuvo que hacer frente a una difícil situación económica. El gabinete socialista aprobó un estricto plan de estabilización económica que implicó un proceso de reconversión industrial que llevó al cierre de muchas industrias obsoletas. Estas medidas provocaron el desconcierto entre las centrales sindicales, pero permitieron sanear la economía y prepararla para la recuperación.
El gobierno socialista tuvo que hacer frente a una dura campaña terrorista de ETA, con más de cien muertos durante la legislatura, y a la vez reformar el Ejército para acabar con el peligro del golpismo. Esta reforma fue uno de los grandes éxitos del gabinete.
Otras medidas fueron la aprobación de la reforma universitaria, la LODE, que establecía la enseñanza gratuita y obligatoria hasta los dieciséis años, y una despenalización parcial del aborto.
España finalmente consiguió acceder a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986. El viejo anhelo de integración en Europa se convirtió en realidad.
Como contrapartida, Felipe González cambió radicalmente su discurso sobre la OTAN. La negativa al ingreso en la alianza militar occidental se tornó en apoyo. González mantuvo su promesa de convocar un referéndum y pidió el voto afirmativo a la permanencia en la OTAN. El triunfo de la postura defendida por González posiblemente marcó su cenit como líder político.
En estos años acabó por diseñarse el mapa autonómico español con la aprobación de los diversos estatutos de autonomía.
En 1986, el PSOE volvió a ganar las elecciones por mayoría absoluta propiciando la crisis entre sus contrincantes. Fraga repitió resultados lo que propició una larga crisis en su partido y el PCE se coaligó con diversas fuerzas menores configurando Izquierda Unida.
La segunda legislatura socialista (1986-1989) estuvo marcada por un fuerte desarrollo económico que duraría hasta 1992. Este crecimiento se concretó una ambiciosa política de inversiones públicas en infraestructuras favorecida por la transferencia de fondos procedentes de la CEE. Los servicios educativos, sanitarios y de pensiones crecieron de forma notable, siendo sufragados por un sistema fiscal relativamente progresivo. Por primera vez se podía hablar de un Estado del Bienestar en España.
El crecimiento económico y las medidas liberalizadoras del gobierno trajeron un aumento de las diferencias de riqueza entre los diversos grupos sociales. Los sindicatos CC.OO. y UGT organizaron una huelga general el 14 de diciembre de 1988. El país se paralizó y Felipe González tuvo que negociar la retirada parcial de su programa liberalizador.
En 1989, el PSOE volvió a ganar por mayoría absoluta que una fuerte reducción de votos. En esta tercera legislatura del PSOE (1989-1993), España celebró en 1992 dos acontecimientos internacionales, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla que mostraron una imagen de país moderno muy diferente a la España de la dictadura de Franco.
Sin embargo, la recesión mundial iniciada principios de los noventa golpeó duramente a nuestro país. La crisis económica, agravada por la incorrecta política económica del gobierno, disparó la inflación y el paro llegó a la dramática cifra de tres millones de desempleados.
La crisis económica fue la antesala del estallido de escándalos de corrupción (hermano de Alfonso Guerra y FILESA) que afectaron al gobierno socialista. A ellos se vino a unir el escándalo de los GAL, grupo armado formado por policías y mercenarios que con la complicidad de cargos del gobierno llevó a cabo la "guerra sucia" contra ETA.
En las elecciones de 1993, el PSOE volvió a vencer aunque esta vez sin mayoría absoluta por lo que necesita el apoyo parlamentario de Convergència i Unió de Pujol. Las fuerzas de derecha se habían reorganizado en el Partido Popular que era dirigido desde 1989 por Jose María Aznar. Se iniciaba así la cuarta legislatura con Felipe González en el gobierno del país (1993-1996).
Las dificultades económicas, los escándalos y la dura campaña de la oposición llevaron a que, tras negarle Pujol el apoyo para aprobar los presupuestos, Felipe González convocara elecciones en 1996.
El gobierno del PP (1996-2000)
Jose María Aznar no consiguió la mayoría absoluta y se vio obligado a pactar con las minorías nacionalistas para acceder a la presidencia del gobierno. El giro hacia la derecha se vio corroborado con las victorias del PP en las elecciones autonómicas y municipales. El ciclo socialista bajo el liderazgo de Felipe González había tocado su fin.
Aznar centró sus esfuerzos en implementar una política económica ortodoxa que redujera el déficit público y reactivara la actividad económica privada. El gran objetivo era cumplir los denominados criterios de convergencia (inflación, deuda, déficit...) establecidos en el Tratado de Maastricht de 1991 y que una vez alcanzados permitirían a España unirse a la nueva divisa europea, el Euro.
La política económica fue un éxito. La actividad económica se reactivó, el paro descendió de manera notable y el saneamiento de la economía llevaría a que España participara en el nacimiento del Euro en 1999.
El terrorismo de ETA llegó a su expresión más sangrienta en verano de 1997 con el asesinato del concejal del PP en el ayuntamiento vasco de Ermua, Miguel Ángel Blanco. La crueldad de la banda terrorista y la labor de los colectivos que llevaban años enfrentándose a la violencia en el País Vasco desencadenó una importante reacción popular que vino a denominarse el "espíritu de Ermua".
El gobierno de Aznar, con el apoyo de la oposición socialista, se lanzó decididamente a una política de dureza con ETA y con el entorno nacionalista. La reacción en el campo albertzale fue el Pacto de Lizarra-Estella de 1998, un acuerdo de todas las fuerzas nacionalistas, desde el PNV a ETA, para avanzar hacia la independencia. Unos días después ETA declaró una tregua indefinida y sin condiciones.
Los contactos entre el gobierno de Aznar y el grupo terrorista no dieron ningún resultado y un año después ETA volvió a la actividad armada. El presidente Aznar, que había sido víctima de un atentado frustrado en 1995, reforzó su política de enfrentamiento con el nacionalismo vasco en todas sus tendencias.
Las elecciones convocadas en el año 2000 marcaron el momento de apogeo del PP y Aznar. El nuevo siglo se inició con una mayoría absoluta del PP en las Cortes. El nuevo gobierno Aznar aprobó, con un amplio apoyo, la nueva financiación autonómica. Sin embargo, fueron muy discutidos la Ley de extranjería, el Plan Hidrológico Nacional, la Ley de universidades, la Ley de la calidad de la enseñanza y el apoyo a EE UU en la guerra de Irak, apoyo este último que fue contestado en la calle por masivas manifestaciones y un 90% de oposición según los sondeos.
Por su parte, el P.S.O.E. inició un proceso de reestructuración. José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido nuevo líder del partido tras varios intentos de ocupar el liderazgo del partido (Joaquín Almunia y Josep Borrell).
El día 1 de enero de 2002 se puso en circulación la nueva moneda común a casi
todos los países comunitarios: el euro.
Las elecciones del día 14 de marzo de 2004, y tras un brutal atentado terrorista en Madrid el día 11, dieron la mayoría a José Luis Rodríguez Zapatero con 164 diputados frente a los 148 del PP. El día 17 de abril fue proclamado como presidente del Gobierno, el quinto de la democracia.
Tras la muerte de Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey en un contexto político de gran incertidumbre. Se iniciaba un complejo proceso de transición que llevaría de la dictadura a un sistema democrático. Este proceso de transición se ha convertido al pasar los años en un modelo para muchos países por el escaso nivel de violencia que la acompañó.
Las fuerzas políticas en escena
Los Franquistas
Al morir Franco, las diferencias entre el "bunker", organizado en torno a figuras como Blas Piñar, y los "aperturistas" se agudizaron. Entre estos últimos había políticos veteranos de la dictadura que estaban convencidos de la necesidad del cambio, este era el caso de Fraga o Areilza, y jóvenes que no habían vivido la guerra civil y que iban a desempeñar un papel clave en la transición. Adolfo Suárez será la figura clave en este grupo.
Las fuerzas de oposición
Las fuerzas de la derecha liberal eran muy débiles y se agrupaban en torno a figuras como Ruiz Giménez y Gil Robles o los partidarios de Juan de Borbón, padre del monarca.
Entre las fuerzas nacionalistas hay que destacar la aparición de una nueva fuerza hegemónica en Cataluña, Convergència Democràtica de Catalunya dirigida por Jordi Pujol. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco será la fuerza mayoritaria. Teóricamente contrario al terrorismo, en la práctica no se enfrentaba con las acciones de una ETA cada vez más activa.
Entre las fuerzas de izquierda sobresalía el Partido Comunista de España, dirigido por Santiago Carrillo, y, sin lugar a dudas, el partido más organizado y activo al acabar la dictadura. El PSOE había celebrado un Congreso en Suresnes (Francia) en 1974 en el que un nuevo grupo dirigente organizado en torno a Felipe González y Alfonso Guerra había llegado al poder. El Partido Socialistas Popular de Enrique Tierno Galván era otra fuerza de izquierda que terminó finalmente por unirse al PSOE.
La hegemonía comunista también se reflejaba en el mundo sindical. Comisiones Obreras era el sindicato más poderoso, mientras que la UGT comenzaba a reorganizarse. La histórica CNT se convirtió en una fuerza meramente simbólica.
Las disensiones entre el PCE y el PSOE impidieron que toda la oposición democrática se coaligara en una única alianza. Así, surgieron la Junta Democrática, dominada por el PCE y con fuerte capacidad de movilización y la Plataforma de Convergencia Democrática, donde el PSOE, el PNV y la UGT eran las fuerzas principales.
Los primeros momentos del reinado de Juan Carlos I. El gobierno de Arias Navarro (noviembre 1975-julio 1976)
Los primeros momentos de la monarquía de Juan Carlos I estuvieron caracterizados por la indefinición. Muchos sospechaban que la nueva monarquía sería una mera continuador del franquismo sin Franco. Sin embargo, el nuevo monarca se fue rodeando de un grupo de asesores, entre los que destacaba Torcuato Fernández Miranda, que diseñaron un plan de cambio político. Este cambio se vino en denominar la reforma. Se trataba de aplicar cambios controlados que garantizaran la intangibilidad de los funcionarios y militares franquistas y que llevaran a un sistema democrático desde las propias leyes franquistas.
En un principio el rey optó por mantener al frente del gobierno a Arias Navarro, quien había presidido el ejecutivo en la fase final de la dictadura. El gobierno incluía a Manuel Fraga en el puesto clave de ministro del Interior y figuras jóvenes procedentes del Movimiento como Adolfo Suárez o Martín Villa.
El gobierno de Arias fracasó a la hora de implementar un proceso de reformas creíble y respondió con represión a las protestas sociales. Una oleada de huelgas se extendió por el país en enero de 1976. La respuesta represiva culminó con los incidentes de Vitoria, en marzo de 1976, cuando cinco trabajadores murieron a manos de la policía.
Ese mismo mes de marzo, toda la oposición se agrupó en la Coordinación Democrática lo que reforzó las protestas contra el inmovilismo del gobierno de Aria Navarro. Finalmente, el rey, que no había disimulado su descontento con la labor del ejecutivo, destituyó a Arias Navarro en julio de 1976.
El Gobierno Suárez y la Ley de Reforma Política
El nombramiento de Adolfo Suárez, joven político procedente del Movimiento, como nuevo presidente del gobierno fue recibido con decepción entre la opinión democrática. Pese a que el nuevo gobierno estaba formado por ministros aperturistas, muchos pensaron que Suárez no era el hombre adecuado para liderar el proceso hacia la democracia.
Poco tiempo después, en septiembre de 1976, Suárez presentó el proyecto de Ley para la Reforma Política. Era la concreción legislativa del proceso de desmantelamiento del franquismo desde el propio régimen. Paralelamente, Suárez inicio contactos discretos con la oposición democrática.
Los sectores más inmovilistas del franquismo, crecientemente irritados por la evolución política y los atentados terroristas de ETA y el GRAPO, empezaron a conspirar para organizar un golpe militar contra el incipiente proceso de reformas. En septiembre de 1976, Suárez nombró al teniente general Gutiérrez Mellado vicepresidente del gobierno. Gutiérrez Mellado fue una figura clave para controlar el peligro golpista en el Ejército.
Pese a las conspiraciones golpistas y a los actos terroristas de ETA, la conciencia de los cambios eran inevitables, llevaron a las Cortes franquistas a aprobar en noviembre la Ley de Reforma Política, lo que suponía su "suicidio político".
Avances de la oposición
Poco a poco, la oposición fue saliendo de la clandestinidad. El PSOE celebró en Madrid su XXVII Congreso al que asistieron importantes líderes internacionales. Santiago Carrillo, el líder comunista dio una rueda de prensa clandestina en Madrid reclamando el derecho del PCE a ser legalizado. Detenido el 23 de diciembre de 1976, fue puesto en libertad ocho días después.
Ese mismo mes se había celebrado un referéndum popular sobre la Ley de Reforma Política. La respuesta había sido contundente: con 77.7% de participación, el 94.1% de los votos habían sido positivos.
La oposición, que en un principio había desconfiado de Suárez, pasó a aceptar lo inevitable: el fin del franquismo no se realizaría mediante lo que denominaban la ruptura democrática (gobierno provisional, amnistía, legalización de todos los partidos, elecciones libres...). En adelante, gran parte de la oposición pasó a apoyar un proceso de reforma que iba a concluir en el establecimiento de un genuino régimen democrático.
El año clave: 1977
El proceso de reformas estuvo siempre amenazado por dos fuerzas opuestas que se alimentaban mutuamente. Por un lado, las fuerzas de extrema derecha, en las que se agrupaban los residuos del franquismo más duro, grupos terroristas como los Guerrilleros de Cristo Rey, diarios del régimen como El Alcázar, o grupos políticos como Fuerza Nueva dirigida por Blas Piñar. Esta extrema derecha centró sus esfuerzos en alentar un golpe militar que pusiera fin al proceso democrático. Por otro lado, los grupos terroristas nacionalistas como ETA o de extrema izquierda como el GRAPO con sus ataques al ejército y las fuerzas policiales alimentaban las posibilidades de un golpe militar.
La situación llegó a su momento de máxima tensión en la semana del 23 al 29 de enero de 1977, cuando una sucesión de hechos violentos estuvo a punto de dar al traste con la transición. Al asesinato de un estudiante en una manifestación pro-amnistía por parte de los "Guerrilleros de Cristo Rey", le siguió el secuestro del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el general Villaescusa, por parte del GRAPO y la matanza de cinco abogados laboralistas del PCE en Atocha por grupos de pistoleros de extrema derecha.
La respuesta popular fue una gran manifestación de repulsa en Madrid que se desarrolló pacíficamente y que mostró claramente la voluntad general de continuar los cambios de forma pacífica.
Adolfo Suárez supo sortear los obstáculos y adoptó medidas que permitieron el paso a un régimen democrático. La legalización del PCE en abril de 1977 y la amnistía de los presos políticos llevaron a la celebración de las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República en junio de 1977.
El partido triunfador fue la Unión del Centro Democrático (UCD), nuevo partido organizado por Suárez en el que se agrupaban los aperturistas del franquismo con algunos elementos moderados de la antigua oposición democrática. La UCD obtuvo el 34.5% de los votos.
El segundo partido más votado fue el PSOE de Felipe González con casi el 30% de los votos. Ante la sorpresa de muchos, el PSOE se hizo con la hegemonía en la izquierda. Por detrás quedó el PCE con un 9.4% y la Alianza Popular de Manuel Fraga con el 8.0%. Convergència i Unió de Jordi Pujol y el PNV se constituyeron como las principales fuerzas nacionalistas.
El nuevo gobierno de Suárez se aprestó a hacer frente a los dos principales desafíos del momento: elaborar una Constitución que articulara políticamente el nuevo sistema democrático y hacer frente al terrorismo de ETA, que seguía atentando pese a una amnistía total decretada en octubre de 1977, y al peligro golpista.
Todo este delicado proceso político debía hacerse en un contexto de profunda crisis económica. La crisis del petróleo de 1973 había golpeado duramente a España y el paro y la inflación crecían alarmantemente. Para estabilizar la situación económica las principales fuerzas políticas firmaron en octubre de 1977 los Pactos de la Moncloa, una serie de medidas consensuadas para hacer frente a las graves dificultades económicas.
2. La Constitución de 1978: principios, instituciones y autonomías. Gobiernos democráticos 1982-2004
A las pocas semanas de su elección, las Cortes iniciaron los trabajos para elaborar la Constitución. Las Cortes elegidas en 1977 se convirtieron inmediatamente en Cortes Constituyentes.
Se eligió una Comisión Constitucional y esta eligió a siete diputados para elaborar un primer texto como proyecto constitucional. Estos siete diputados, los "padres de la constitución" fueron Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca de UCD; Gregorio Peces-Barba del PSOE; Jordi Solé Turá del PCE; Miquel Roca, en representación de Minoría Catalana y del PNV ; y Manuel Fraga de AP. La ausencia de un representante del PNV ligada a la cuestión de los "derechos históricos", tuvo graves consecuencias ya que el principal partido nacionalista vasco no apoyó finalmente el texto constitucional.
La palabra que más se utilizó durante el proceso de redacción de la constitución fue la de "consenso". Se trataba de evitar la triste tradición española de "constituciones de partido" que habían jalonado especialmente nuestro siglo XIX. Aquellas cuestiones que suscitaban mayores diferencias fueron redactadas de tal forma que pudieran ser aceptadas por las diversas fuerzas políticas. Esta es la razón de la cierta ambigüedad que se puede encontrar en algunos artículos de la Constitución.
Tras su debate en el Congreso y en el Senado, el texto final fue aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados por 316 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Finalmente, el Proyecto de Constitución fue sometido a referéndum de los ciudadanos el 6 de diciembre de 1978. La Constitución quedó aprobada con un 87,87% de votos afirmativos.
El proceso preautonómico
Ante el deseo de autogobierno de vascos y catalanes, manifestado de forma espectacular el 11 de septiembre cuando millón y medio de catalanes se manifestaron por la autonomía en Barcelona, el gobierno de Suárez inició el proceso preautonómico antes de la aprobación de la Constitución.
Suárez optó por el restablecimiento formal de la Generalitat, en septiembre de 1977, y en el País Vasco en diciembre de ese mismo año se creó el Consejo General Vasco, como régimen preautonómico para la región. A principios de 1978, Cataluña y País Vasco eran regiones preautonómicas. Entre abril y octubre de 1978, se crearon por decreto-ley, organismos preautonómicos para el gobierno de Galicia, Asturias, Castilla-León, Aragón, Castilla-La Mancha, País Valenciano, Extremadura, Andalucía, Murcia, Baleares y Canarias.
Ante las demandas de autonomía de catalanes y vascos, y en menor medida de gallegos, el gobierno de UCD optó por impulsar la generalización del principio de autonomía regional. Se trataba de lo que coloquialmente se denominó "café para todos" y prefiguró el futuro constitucional de la estructura territorial de España.
Contenido de la Constitución
En el título preliminar se contienen los principios fundamentales de la Constitución:
Se define a España como un Estado social y democrático de Derecho, se proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo y se define la forma política del Estado como una Monarquía parlamentaria.
El artículo 2 hace compatible la unidad de la Nación con el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Esta es una de las grandes novedades de la Constitución.
El título I es el más extenso de la Constitución y contiene los derechos, libertades y deberes de los españoles.
Aquí se recogen los derechos individuales como el derecho a la vida, a la integridad física, la libertad ideológica, religiosa y de culto, a la libertad de expresión, a la educación, etc. También se incluyen algunos derechos sociales como la protección a la familia, disponer de una vivienda digna, disfrutar del medio ambiente, derecho al trabajo, a la protección de la salud, etc.
La única modificación realizada en la Constitución hasta el año 2006 se realizó en 1992 para conceder el derecho al voto en las elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión Europea que viven en España. Esta modificación se hacía necesaria tras la ratificación por España del Tratado de la Unión Europea.
En lo que se refiere a la Corona se establece que el Rey es el Jefe del Estado y se fijan sus funciones, atribuciones y prerrogativas. Su poder es formal.
La Constitución establece la separación de poderes y organiza los poderes del Estado:
• Las Cortes están formadas por dos Cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas son elegidas por sufragio universal y ejercen el poder legislativo.
• El Gobierno, que ejerce el poder ejecutivo, dirige la política interior y exterior de España. También tiene potestad legislativa ya que puede presentar proyectos de leyes a las Cortes y desarrolla los reglamentos de las leyes aprobadas. El Presidente del Gobierno es investido por el poder legislativo.
• Los Jueces y magistrados ejercen el poder judicial. Se crea el Tribunal Constitucional cuya función es evitar cualquier violación de la Constitución y vigilar que no haya leyes que contradigan al texto constitucional. Es también el máximo órgano encargado de proteger los derechos y libertades fundamentales.
En su título VIII la Constitución de 1978 trató de abordar uno de los problemas históricos de nuestro país: aunar la unidad del Estado con la diversidad de regiones y nacionalidades que lo componen.
Se establecieron los cauces legales para que los territorios que lo desearan y que cumplieran una serie de requisitos pudieran constituirse en Comunidades autónomas.
Las Comunidades Autónomas que se constituyeran tendrían un Estatuto de Autonomía en el que se recogerían las competencias que asumían. Los Estatutos de Autonomía deben ser aprobados por las Cortes Generales.
Aprobada la Constitución, se constituyeron en el período 1979-1983 las actuales Comunidades Autónomas y nuestro país quedó conformado por 17 Comunidades y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Mellilla constituidas en 1995). La Constitución también establece el principio de solidaridad y el equilibrio económico entre las distintas regiones del territorio español.
La segunda legislatura de UCD y el fin del gobierno de Suárez (1979-1981)
Tras aprobarse la Constitución, las Cortes fueron disueltas y en las nuevas elecciones celebradas el 1 de marzo de 1979 volvió a triunfar la UCD de Suárez. No ocurrió así en las elecciones municipales, las primeras democráticas desde la II República, celebradas poco después. La izquierda conquistó los principales ayuntamientos mediante la alianza del PSOE y el PCE.
Pese a esta alianza, Felipe González forzó un giro político e ideológico en el PSOE tras la celebración de su XXVIII Congreso. El PSOE abandonó el marxismo como ideología oficial y se configuró como un partido de izquierda moderada que podía aspirar al poder en unas próximas elecciones.
El año 1979 se inició un proceso de deterioro político que culminará con el golpe de estado frustrado en 1981. Diversos factores explican esta crisis política:
• La brutal campaña terrorista de ETA que causó 77 muertos en 1979 y 95 en 1980. Esos fueron los dos años más letales de la banda.
• El consiguiente desasosiego en los círculos militares de extrema derecha que iniciaron contactos para la preparación de un golpe.
• El fin del consenso con el inicio por parte del PSOE de una dura campaña de oposición.
• La aprobación de los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña a fines de 1979 y las consiguientes elecciones autonómicas que dieron mayoría a las fuerzas nacionalistas. Convergència y Unió de Jordi Pujol y el PNV.
• La crisis interna de UCD. Las disensiones y críticas internas en un partido que había nacido de forma artificial fueron minando poco a poco la posición de Suárez, a menudo enfrentado con miembros de su propio partido.
Todos estos factores precipitaron la dimisión de Suárez el 29 de enero de 1981. Calvo Sotelo, dirigente de UCD, fue designado candidato a la presidencia. Tras no obtener mayoría suficiente en una primera votación, se fijó para el día 23 de febrero la segunda votación para su investidura.
El golpe de estado del 23-F
Mientras se celebraba la votación de investidura un grupo de guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Tejero entraron en las Cortes secuestrando al poder legislativo y ejecutivo. El capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, decretaba el estado de guerra y publicaba un bando que recordaba los del verano de 1936. El segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, Alfonso Armada, era otro de los principales golpistas.
El golpe no contó, sin embargo, con el apoyo unitario del ejército. La labor de algunos militares como el capitán general de Madrid, Quintana Lacaci, posteriormente asesinado por ETA, fue clave para abortar el golpe. El momento decisivo llegó en la madrugada cuando el rey se dirigió a los ciudadanos, explicando las órdenes que había transmitido a los altos cargos militares de sumisión al orden constitucional.
El último gobierno de UCD: Calvo Sotelo (1981-1982)
Calvo Sotelo gobernó sólo un año y medio en un período marcado por la descomposición de su propio partido, la aprobación de la Ley del Divorcio con una fenomenal oposición de la Iglesia y el escándalo del envenenamiento masivo por aceite de colza desnaturalizado.
En mayo de 1982, con la oposición de los partidos de izquierda, España ingresó en la Organización del Atlántico Norte (OTAN). El PSOE prometió un referéndum popular sobre esta adhesión si ganaba las elecciones.
En octubre de 1982, Calvo Sotelo convocó elecciones. El PSOE consiguió un triunfo arrollador con más de 10 millones de votos y mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El proyecto de "cambio" de Felipe González había arrollado a una UCD que casi desapareció en las elecciones y fue sustituida por la Alianza Popular de Manuel Fraga como el principal partido de la derecha.
Los gobiernos socialistas de Felipe González (1982-1996)
En la primera legislatura socialista (1982-1986), el gobierno de González tuvo que hacer frente a una difícil situación económica. El gabinete socialista aprobó un estricto plan de estabilización económica que implicó un proceso de reconversión industrial que llevó al cierre de muchas industrias obsoletas. Estas medidas provocaron el desconcierto entre las centrales sindicales, pero permitieron sanear la economía y prepararla para la recuperación.
El gobierno socialista tuvo que hacer frente a una dura campaña terrorista de ETA, con más de cien muertos durante la legislatura, y a la vez reformar el Ejército para acabar con el peligro del golpismo. Esta reforma fue uno de los grandes éxitos del gabinete.
Otras medidas fueron la aprobación de la reforma universitaria, la LODE, que establecía la enseñanza gratuita y obligatoria hasta los dieciséis años, y una despenalización parcial del aborto.
España finalmente consiguió acceder a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986. El viejo anhelo de integración en Europa se convirtió en realidad.
Como contrapartida, Felipe González cambió radicalmente su discurso sobre la OTAN. La negativa al ingreso en la alianza militar occidental se tornó en apoyo. González mantuvo su promesa de convocar un referéndum y pidió el voto afirmativo a la permanencia en la OTAN. El triunfo de la postura defendida por González posiblemente marcó su cenit como líder político.
En estos años acabó por diseñarse el mapa autonómico español con la aprobación de los diversos estatutos de autonomía.
En 1986, el PSOE volvió a ganar las elecciones por mayoría absoluta propiciando la crisis entre sus contrincantes. Fraga repitió resultados lo que propició una larga crisis en su partido y el PCE se coaligó con diversas fuerzas menores configurando Izquierda Unida.
La segunda legislatura socialista (1986-1989) estuvo marcada por un fuerte desarrollo económico que duraría hasta 1992. Este crecimiento se concretó una ambiciosa política de inversiones públicas en infraestructuras favorecida por la transferencia de fondos procedentes de la CEE. Los servicios educativos, sanitarios y de pensiones crecieron de forma notable, siendo sufragados por un sistema fiscal relativamente progresivo. Por primera vez se podía hablar de un Estado del Bienestar en España.
El crecimiento económico y las medidas liberalizadoras del gobierno trajeron un aumento de las diferencias de riqueza entre los diversos grupos sociales. Los sindicatos CC.OO. y UGT organizaron una huelga general el 14 de diciembre de 1988. El país se paralizó y Felipe González tuvo que negociar la retirada parcial de su programa liberalizador.
En 1989, el PSOE volvió a ganar por mayoría absoluta que una fuerte reducción de votos. En esta tercera legislatura del PSOE (1989-1993), España celebró en 1992 dos acontecimientos internacionales, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla que mostraron una imagen de país moderno muy diferente a la España de la dictadura de Franco.
Sin embargo, la recesión mundial iniciada principios de los noventa golpeó duramente a nuestro país. La crisis económica, agravada por la incorrecta política económica del gobierno, disparó la inflación y el paro llegó a la dramática cifra de tres millones de desempleados.
La crisis económica fue la antesala del estallido de escándalos de corrupción (hermano de Alfonso Guerra y FILESA) que afectaron al gobierno socialista. A ellos se vino a unir el escándalo de los GAL, grupo armado formado por policías y mercenarios que con la complicidad de cargos del gobierno llevó a cabo la "guerra sucia" contra ETA.
En las elecciones de 1993, el PSOE volvió a vencer aunque esta vez sin mayoría absoluta por lo que necesita el apoyo parlamentario de Convergència i Unió de Pujol. Las fuerzas de derecha se habían reorganizado en el Partido Popular que era dirigido desde 1989 por Jose María Aznar. Se iniciaba así la cuarta legislatura con Felipe González en el gobierno del país (1993-1996).
Las dificultades económicas, los escándalos y la dura campaña de la oposición llevaron a que, tras negarle Pujol el apoyo para aprobar los presupuestos, Felipe González convocara elecciones en 1996.
El gobierno del PP (1996-2000)
Jose María Aznar no consiguió la mayoría absoluta y se vio obligado a pactar con las minorías nacionalistas para acceder a la presidencia del gobierno. El giro hacia la derecha se vio corroborado con las victorias del PP en las elecciones autonómicas y municipales. El ciclo socialista bajo el liderazgo de Felipe González había tocado su fin.
Aznar centró sus esfuerzos en implementar una política económica ortodoxa que redujera el déficit público y reactivara la actividad económica privada. El gran objetivo era cumplir los denominados criterios de convergencia (inflación, deuda, déficit...) establecidos en el Tratado de Maastricht de 1991 y que una vez alcanzados permitirían a España unirse a la nueva divisa europea, el Euro.
La política económica fue un éxito. La actividad económica se reactivó, el paro descendió de manera notable y el saneamiento de la economía llevaría a que España participara en el nacimiento del Euro en 1999.
El terrorismo de ETA llegó a su expresión más sangrienta en verano de 1997 con el asesinato del concejal del PP en el ayuntamiento vasco de Ermua, Miguel Ángel Blanco. La crueldad de la banda terrorista y la labor de los colectivos que llevaban años enfrentándose a la violencia en el País Vasco desencadenó una importante reacción popular que vino a denominarse el "espíritu de Ermua".
El gobierno de Aznar, con el apoyo de la oposición socialista, se lanzó decididamente a una política de dureza con ETA y con el entorno nacionalista. La reacción en el campo albertzale fue el Pacto de Lizarra-Estella de 1998, un acuerdo de todas las fuerzas nacionalistas, desde el PNV a ETA, para avanzar hacia la independencia. Unos días después ETA declaró una tregua indefinida y sin condiciones.
Los contactos entre el gobierno de Aznar y el grupo terrorista no dieron ningún resultado y un año después ETA volvió a la actividad armada. El presidente Aznar, que había sido víctima de un atentado frustrado en 1995, reforzó su política de enfrentamiento con el nacionalismo vasco en todas sus tendencias.
Las elecciones convocadas en el año 2000 marcaron el momento de apogeo del PP y Aznar. El nuevo siglo se inició con una mayoría absoluta del PP en las Cortes. El nuevo gobierno Aznar aprobó, con un amplio apoyo, la nueva financiación autonómica. Sin embargo, fueron muy discutidos la Ley de extranjería, el Plan Hidrológico Nacional, la Ley de universidades, la Ley de la calidad de la enseñanza y el apoyo a EE UU en la guerra de Irak, apoyo este último que fue contestado en la calle por masivas manifestaciones y un 90% de oposición según los sondeos.
Por su parte, el P.S.O.E. inició un proceso de reestructuración. José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido nuevo líder del partido tras varios intentos de ocupar el liderazgo del partido (Joaquín Almunia y Josep Borrell).
El día 1 de enero de 2002 se puso en circulación la nueva moneda común a casi
todos los países comunitarios: el euro.
Las elecciones del día 14 de marzo de 2004, y tras un brutal atentado terrorista en Madrid el día 11, dieron la mayoría a José Luis Rodríguez Zapatero con 164 diputados frente a los 148 del PP. El día 17 de abril fue proclamado como presidente del Gobierno, el quinto de la democracia.
lunes, 2 de mayo de 2011
Tema 11. EL SEGUNDO FRANQUISMO (1959-1975)
El presente tema se desarrolla entre 1959 y la muerte de Franco en 1975. 1959 es un
año clave, es la fecha del Plan de Estabilización que puso las bases para el desarrollo
económico de los sesenta y primeros setenta. La España de los sesenta no se parece en
casi nada a la que sale de la Guerra Civil, sólo en una cosa: el sistema político ha
cambiado muy poco. En el presente tema estudiaremos primero la evolución política: el
gobierno de los tecnócratas - autores del desarrollo económico-, la llegada a la
presidencia de Carrero Blanco y, por último, la agonía del régimen. En lo económico
hablaremos de las transformaciones económicas profundas que experimenta la
economía española y su incorporación definitiva al sistema económico capitalista,
pero este desarrollo experimenta un brusco frenazo en 1973 con la crisis del petróleo.
Con todo, las transformaciones económicas producen profundos cambios sociales y de
mentalidad que demandan una apertura del régimen y mayores cotas de libertad. Por
último, hablaremos de la oposición al franquismo durante esta etapa, dando mucha
importancia a los movimientos de oposición de los dos últimos años de vida de Franco,
momento clave para entender qué va a pasar tras la muerte de éste.
I. EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL SEGUNDO
FRANQUISMO (1959-1975).
1. La tecnocracia: el dominio del Opus Dei (1957-1969).
Esta etapa del franquismo va a estar marcada por los intentos de preparar el
régimen para el futuro. Así, temas como un cierto pluralismo político y la sucesión de
Franco se van a convertir en el eje del periodo, ante los que aparecen dentro de las
familias del régimen posturas diferenciadas. Pese al dominio de los tecnócratas,
apareció una corriente que provenía del Movimiento, que era partidaria de un mayor
aperturismo, hacer más “representativo” al Movimiento. Esta lucha entre tecnócratas y
aperturistas, por tanto, va a ser otra de las claves del periodo.
a) La definitiva institucionalización del régimen.
Con los tecnócratas en el poder, se pone en marcha, desde 1957, una amplia reforma de la administración pública. Se trataba de adaptar la administración a las nuevas circunstancias de desarrollo económico. Fue una reforma técnica, sin pretender buscar una reforma política, que pretendía garantizar mínimamente los derechos de los administrados y conseguir un mayor grado de eficacia y racionalidad.
En 1958 se aprobaba la sexta de las Leyes fundamentales, la Ley de Principios del Movimiento Nacional, donde los principios de la FET eran la base del Movimiento, del “partido único”. La Ley definía el Estado como una “monarquía tradicional, católica, social y representativa”; y el Movimiento como “comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada”. El régimen se definía como una democracia orgánica en la que “la participación del pueblo” en las tareas legislativas se haría a través de la familia, el municipio y el sindicato.
A partir de 1960 el régimen quiso darse aires “liberalizadores” dado su interés por ingresar en la CEE. En los cambios de gobierno de 1962 y 1965 sigue consolidándose el sector vinculado al Opus Dei, agrupado en torno a Carrero Blanco.
La liberalización económica estaba permitiendo un crecimiento espectacular de la economía española; hubo también una cierta liberalización cultural, impulsada por el
ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, en los gobiernos de 1962 y 1965. A
estos gobiernos corresponde el Primer Plan de Desarrollo (1964-1967), la Ley de
Bases de la Seguridad Social, de 1963, por la que el Estado correría con una serie de
prestaciones y facilitaría diversos tipos de asistencia (atención médica, pensiones,
subsidios, indemnizaciones) a los trabajadores inscritos en la Seguridad Social. Por
último, la Ley de Prensa, en 1966, obra de Manuel Fraga, suprimía la censura previa,
abrió un clima de mayor aperturismo, se notó en la publicación de libros, en el teatro y
en el cine. Con la Ley de Fraga no se pudo disponer de una prensa libre, pero tampoco
era la de los primeros tiempos de la dictadura.
A la vista de estas actuaciones y de sus positivos resultados, el régimen se veía
aceptado y consolidado. Había que asegurar su futuro, cerrar su institucionalización
(“después de Franco, las instituciones” por él creadas, independientemente de quién las
presida). En efecto, y con ese fin, la Ley Orgánica del Estado, la última de la Leyes
fundamentales, promulgada en enero de 1967, aprobada por referéndum en diciembre
del año anterior, venía a cerrar el ciclo constituyente del régimen. Reconocía la libertad
religiosa, introducía la separación de los cargos de Jefatura del Estado y presidencia del
Gobierno. También introdujo en las Cortes la representación “familiar”, elegidos por
votación por los cabezas de familia (las primeras elecciones para procuradores por
representación familiar se celebraron en octubre de 1967). La LOE ratificó la
monarquía como forma política del Estado español. Franco había optado por don Juan
Carlos desde muy pronto, pero dilató su designación, también defendido por el equipo
Carrero Blanco-tecnócratas. En julio de 1969, las Cortes aceptaban como sucesor de
Franco, en la Jefatura del Estado, al príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón
(hijo de don Juan de Borbón y doña María de las Mercedes de Borbón y nieto de
Alfonso XIII), con el objetivo de garantizar el funcionamiento de las instituciones
después de la muerte del dictador.
b) La estrategia política de los aperturistas.
Aunque el dominio político de esta etapa corresponde a los tecnócratas surgen otros grupos que se enfrentan a ellos, dentro del contexto de los cambios económicos y sociales que se estaban produciendo y, sobre todo, ante la perspectiva de un régimen
sin Franco. Dentro de estos grupos destacan los inmovilistas o búnker (sector duro del Movimiento que pretendía el inmovilismo más absoluto) y los aperturistas, provenientes también del Movimiento y liderados por Manuel Fraga y José Solís. Ambos eran ministros. El primero, como ya se sabe, entró en el gobierno de 1962 y siguió en el de 1965. El segundo venía siendo ministro secretario general del Movimiento desde el cambio de gobierno de 1957. Ambos estaban a favor de abrir el
régimen a la “participación”, pero la fórmula, al establecerse dentro del marco del
Movimiento, terminó siendo un fracaso, sin llegar a ser aceptado por los inmovilistas.
Limitar la influencia del los tecnócratas del Opus Dei en el régimen estaba, también,
entre los principales objetivos de los aperturistas.
La gran oportunidad les vino en 1969 al estallar el escándalo Matesa, un tema
de corrupción financiera e industrial en que estaban implicadas personas pertenecientes
a los tecnócratas y al Opus. Fraga y Solís maniobraron para que el asunto se conociera a
través de la prensa, desprestigiando a sus adversarios políticos. Franco actuó a su
manera. Eliminó a los ministros responsables, que eran del Opus, y a los instigadores
(Solís y Fraga) y procedió a un cambio de gobierno, con incondicionales-tecnócratas,
bajo la presidencia de Carrero Blanco, como vicepresidente. Esta vez Franco no tenía la
capacidad de maniobrar entre las distintas familias. Formó un gobierno con personas
adictas a Carrero Blanco. Pero la división entre las familias franquistas era ya un hecho
consumado.
c) La política exterior.
Desde 1957 la política exterior franquista se fijó como objetivos el acercamiento a la Europa comunitaria, el mantenimiento de una estrecha relación con los EE.UU. y la
recuperación de Gibraltar. España alcanzó durante este tiempo la mayor aceptación
internacional en los casi cuarenta años de franquismo.
Desde que en 1957 se creara la CEE -actualmente Unión Europea- los tecnócratas, imponiéndose a los militares y a los falangistas que no estaban de acuerdo, eran partidarios de la entrada de España en ella. No obstante, la entrada no se conseguiría hasta 1986, debido al impedimento político, no obstante se cerraron acuerdos comerciales.
Las relaciones con EE.UU. estuvieron marcadas por los pactos bilaterales y las sucesivas prorrogas. España basó su política exterior en estos acuerdos y aunque pedía más colaboración americana a cambio de las bases, no lo consiguió. La presión para la recuperación de Gibraltar se convirtió en una constante y símbolo de la política exterior española. A la presión diplomática se le unieron otras medidas como el aislamiento del
Peñón, pero sin resultado positivo.
España aceptó la independencia de Guinea Ecuatorial (1968) y cedió en 1969 el Ifni a Marruecos (independizado de España y Francia en 1956), no obstante pretendió conservar el Sahara Occidental. Pero en noviembre de 1975, ante las presiones de Marruecos, España hizo cesión de su soberanía por los Acuerdos de Madrid, repartiéndose el territorio entre Marruecos y Mauritania; esta decisión es la base de la problemática actual de la población saharaui.
2. El declive del régimen (1969-1975).
Tras el nombramiento de Juan Carlos como sucesor en la Jefatura del Estado en julio de 1969, el que era vicepresidente del gobierno, almirante Luis Carrero Blanco, se esforzó en sentar las bases de una transición pacífica hacia la "Monarquía del 18 de julio".
a) Carrero Blanco y el fracaso del aperturismo (1969-1973).
Después del escándalo político-financiero originado por el caso Matesa, Franco, como ya se ha apuntado, separó del gobierno a los ministros responsables. El vicepresidente Carrero, en octubre de 1969, se hizo cargo del nuevo gobierno, que trazó un amplio programa político; veamos a continuación sus principales puntos de actuación.
En primer lugar intentó relanzar la economía, tras la crisis de 1967-1969, dando como resultado una fase de fuerte crecimiento.
En política exterior el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, López Bravo, firmó un acuerdo comercial con la CEE y estableció relaciones diplomáticas con China y con la República Democrática de Alemania, dos países comunistas. Y, en 1970, visitaba España el presidente norteamericano Nixon.
En el aspecto cultural y educativo se produce la reforma del sistema educativo con la Ley Villar Palasí de 1970, que pretendía la equiparación con Europa, extendiendo la enseñanza básica gratuita.
Pero también hubo otros proyectos donde los resultados fueron decepcionantes. El Estatuto de Asociaciones políticas, idea de los aperturistas, quedó congelado. En el
campo laboral se intenta resolver la conflictividad obrera con la nueva Ley Sindical de 1971, que fue una decepción al no contener las promesas de democratización hechas al plantearse su elaboración.
Con la Iglesia, las relaciones venían empeorándose. Contribuyó a ello la celebración en 1964 del Concilio Vaticano II y la renovación en la jerarquía episcopal española, llevada a cabo entre 1964 y 1974. Entre ellos destacaba el cardenal Vicente Enrique y
Tarancón, arzobispo de Madrid (1969) y presidente de la Conferencia Episcopal Española (desde 1972), decidido a marcar distancias con el franquismo.
Simultáneamente un nuevo enemigo se iba fortaleciendo: ETA, que se mostró especialmente activa. En diciembre de 1970 tuvo lugar en Burgos un juicio contra
dieciséis militantes de ETA, nueve de los cuales fueron condenados a muerte. Tras el
fuerte rechazo internacional, Franco conmutó las penas por las de cadena perpetua.
En definitiva, la agitación de los estudiantes, que no paraba, el malestar laboral, los secuestros y atentados de ETA, la aparición del grupo terrorista FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) venían a poner en tela de juicio el modelo de
“tranquilidad social” con que se presentaba el régimen. Éste respondió con mayor
represión. En 1971 era reformada, endureciéndola, la Ley de Orden Público de 1959.
A principios de 1973, en el seno del franquismo, se reproducía el enfrentamiento entre los aperturistas y los inmovilistas; el gobierno, por ello, estaba dividido y mostraba una fuerte debilidad. Franco resolvió la crisis formando un nuevo gobierno en junio, separando por primera vez -tal como preveía la Ley Orgánica de 1967- la Jefatura del Estado y la del Gobierno, cargo que asumió Carrero Blanco. El nuevo gabinete, que practicó un “giro a la derecha”, apenas sí se estrenó: el día 20 de diciembre de 1973, el presidente Carrero Blanco moría en Madrid víctima de un espectacular atentado de ETA.
b) Gobierno de Arias Navarro (1974-1975). Enfermedad y muerte de Franco.
Ante la sorpresa general, el sucesor de Carrero fue Arias Navarro, quien forma
gobierno, en enero de 1974, con predominio de franquistas puros, sin tecnócratas.
Desde el principio, pretendió dar una imagen de ruptura con la etapa de Carrero y en un
discurso pronunciado ante las Cortes en febrero de 1974, influenciado por los ministros
Pío Cabanillas y Antonio Carro, presentó un programa de gobierno aperturista,
declarándose partidario de ciertas reformas y de la aprobación de un nuevo Estatuto de
Asociaciones políticas (“espíritu del 12 de febrero” de 1974).
El discurso contribuyó a revitalizar la vida política de país. Hubo mayor libertad de
prensa. Ésta informaba con amplitud sobre huelgas, actividades políticas, aparecían
opiniones políticas de líderes de la oposición moderada… El Estatuto de Asociaciones se estuvo estudiando durante todo el año y se aprobó el 21 de diciembre, pero era poco viable (los partidos debían quedar bajo el techo de los Principios Fundamentales del Movimiento). No contentó a ningún grupo de de la oposición democrática, que exigía cada vez más la reforma del sistema.
La derecha franquista (el búnker) reaccionó con dureza contra la apertura de Arias Navarro. El 28 de abril (1974), el falangista y ex ministro Girón de Velasco lanzaba, en el diario “Arriba”, una furiosa crítica contra la aventura del “12 de febrero”.
La confrontación se hizo intensa y el propio Arias Navarro se desdijo de lo dicho y dio marcha atrás, pronunciando en Barcelona, el 15 de junio, un discurso que venía a
suprimír el espíritu de apertura.
Días después, Franco cayó enfermo, ingresando en una clínica para ser tratado
de una tromboflebitis. El príncipe Juan Carlos tuvo que ejercer interinamente la
Jefatura del Estado (19 de julio- 1 de septiembre). Una vez recuperado, Franco recobró
sus poderes, pero el terrible atentado de ETA en Madrid, en la cafetería Rolando, el 13
de septiembre (1974), que costó las vida a once personas, pondrá fin a la zigzagueante
política de apertura/represión de Arias Navarro. En el mes de octubre, el propio Franco,
que había recibido en El Pardo un dossier sobre los excesos de la prensa y la televisión,
exige a Carlos Arias Navarro el cese inmediato del ministro Pío Cabanillas, ministro
reformista que era acusado de demasiada simpatía hacia la oposición catalana.
Cabanillas, en efecto, es cesado y con él marcharon otros altos cargos (octubre). Era el
fin definitivo del “espíritu del 12 de febrero”. La aventura del cambio había
terminado.
Paralelamente, otras circunstancias estaban contribuyendo a crear más dificultades al régimen. Los efectos de la crisis económica de 1973 (subida de los precios, más paro, menos divisas), la revolución del 25 de abril en Portugal acababa con la dictadura de Salazar y ponía en alerta a los inmovilistas. La lentitud con que España venía enfrentándose a la descolonización le estalló ahora con el Sahara, donde el Frente Polisario venía reclamando la independencia.
Un régimen que demostraba la imposibilidad de reformarse desde dentro, el envejecimiento de Franco y su previsible pronto final, movilizó también a la oposición
democrática en el exterior; así, en julio de 1974, se organiza la Junta Democrática,
con el PCE y otros grupos, y, en julio de 1975, al margen de la Junta, la Plataforma de
Convergencia Democrática, con el PSOE y otros partidos.
Durante el año 1975 la situación económica se agravó. El terrorismo fue a más.
En varios atentados, perpetrados en los ocho primeros meses del año, murieron once
policías. El régimen respondió con dureza. El 27 de septiembre son ejecutados cinco
condenados a muerte de ETA y FRAP. Hubo manifestaciones en capitales europeas,
peticiones de clemencia, se retiraron trece embajadores a lo que el régimen respondió
con una concentración de apoyo a Franco el 1 de octubre. Días después se anunciaba
que Franco estaba enfermo. Marruecos aprovechó el momento para reclamar el Sahara y
para acelerar la anexión organizó una movilización popular, a comienzos de noviembre,
la llamada Marcha Verde, que llegó a atravesar la frontera saharaui. El ejército español
estuvo en máxima alerta, podía estallar un conflicto con Marruecos. Finalmente, el 18
de noviembre, se firmaban los Acuerdos de Madrid, por los que el Sahara español era
entregado a Marruecos y Mauritania. Dos días después, el 20 de noviembre, después de
una larga agonía, moría Franco.
II. EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA DEL SEGUNDO FRANQUISMO (1959-
1975).
1. El plan de estabilización (1957-1959).
Las dificultades que, a partir de 1956, se fueron acumulando en el campo de la
economía provocaron una radical modificación en la política económica del régimen
franquista. La situación era tan crítica que, por ejemplo, en 1959 España se podía haber
quedado sin petróleo por falta de divisas para pagarlo.
Franco había formado, en 1957, un nuevo gobierno en el cual dos personalidades
destacadas del grupo tecnócrata –técnicos ligados al Opus Dei- ocuparon dos carteras
básicas del área económica. Éstas fueron la de Comercio, desempeñada por Alberto
Ullastres, y la de Hacienda por Mariano Navarro Rubio. A lo largo de la década de
los 60 serán siempre políticos de esta tendencia tecnócrata los que dirigirán la política
económica en España y los que dirijan la mayoría de los ministerios.
Los nuevos ministros, Ullastres y Navarro Rubio, elaboraron un Plan de
Estabilización Económica, que consideraban imprescindible para asentar sobre una base sólida el proceso de crecimiento económico que se quería iniciar. Para poner en
marcha al Plan hubo que vencer muchas reticencias. Ni Franco ni Carrero Blanco lo acogieron con demasiado entusiasmo. Pero no había otra receta para sacar a España del marasmo económico. Finalmente, el Plan de Estabilización recibió la aprobación del Gobierno mediante un Decreto fechado el 21 de julio de 1959. Mediante este Decreto se impusieron una serie de medidas básicas para orientar la economía del país.
Citaremos sólo algunas de las más significativas:
1. Reducción del gasto excesivo del Estado y del de los particulares. Esto implicó restricciones en la concesión de créditos y congelación de los salarios, para reducir la circulación fiduciaria (= para luchar contra la inflación).
2. Desaparición progresiva de los controles del Gobierno sobre las actividades
económicas.
3. Apertura de la economía española a los mercados exteriores. Ello obligó a devaluar la peseta (60 ptas. un dólar; antes, 42 ptas.). La finalidad última de esta operación de política económica era poner en contacto la economía española con la internacional.
Esto se hacía en un momento en que ésta se encontraba en una etapa de fuerte
crecimiento. Por otra parte, poco después de la publicación del decreto citado, el
Gobierno dio muchas facilidades a las empresas extranjeras que quisieran instalarse en
España. Con ello se eliminaban buena parte de los obstáculos que, en este terreno, se
habían creado a lo largo de la etapa autárquica. Para realizar esta transformación
económica, España pudo contar con la concesión de importantes créditos
internacionales, del FMI, la OECE y del gobierno y la banca norteamericanos.
En resumen, este Plan de Estabilización fue calificado como "la operación
económica de más alcance realizada por el Estado en el período 1939-1959", fue una
"operación singular y laudable de política económica". Su aplicación fue un éxito.
España va a conocer una etapa de fuerte crecimiento económico, incorporándose,
definitivamente, en el reducido club de países industrializados del mundo.
2. La España del desarrollismo.
Los resultados del Plan de Estabilización fueron inmediatos. No obstante, a corto
plazo, entre 1959 y 1960, el Plan produjo, como es normal en este tipo de operaciones,
una fuerte recesión económica (congelación salarial, caída del consumo y de la
inversión, aumento del paro…), todo estaba previsto y entraba dentro de los cálculos.
Pero a partir de 1961 se produjo un fuerte crecimiento económico calificado por
algunos como milagro español. El crecimiento se basó en una fuerte expansión
industrial que se produjo por los bajos salarios, comparados con los de los trabajadores
europeos, y la masiva llegada de capitales extranjeros que veían en España un lugar
favorable para las inversiones. Se construyó así un tejido industrial diversificado y
potente, un fenómeno sin precedentes en la Historia de España. El crecimiento industrial
atrajo a un gran número de campesinos que huyeron en masa a las ciudades. Éste
fenómeno motivó, a su vez, un alza de los salarios agrícolas por la falta de mano de
obra. Pero este hecho contribuyó a la mecanización del campo por lo cual se produce
también la modernización del sector agrario, que iba en paralelo con el despoblamiento
del interior del país.
En el sector servicios, el turismo fue el verdadero motor de la economía: miles
de europeos acudían a España aprovechando los bajos precios, la oferta de sol y playa y
la existencia de una infraestructura hotelera en rápida expansión.
La balanza comercial (diferencia entre importaciones y exportaciones) era
deficitaria, pero la balanza de pagos (donde intervienen además más factores) se
cerraba con un saldo positivo (superávit) por los ingresos del boom del turismo, por las
remesas de los emigrantes españoles en Europa y por los capitales extranjeros invertidos
en nuestro país.
A partir de 1963 el gobierno intentó regular el crecimiento mediante los Planes
de Desarrollo, copiados del modelo francés. Desde el gobierno se marcaban objetivos
económicos a cumplir cada tres años en determinados sectores, complementando las
medidas con subvenciones públicas e incentivos fiscales. Dos de los objetivos
perseguidos eran la industrialización de nuevas zonas y lograr disminuir el desequilibrio
económico regional, en estos aspectos el balance fue un rotundo fracaso.
El crecimiento fue ininterrumpido entre 1961 y 1973, pero debe tenerse en
cuenta que el triunfo del Plan se vio catapultado por la bonanza económica internacional
que se da en este periodo y que posibilitó el crecimiento, de la misma manera, cuando
llegue la crisis del 1973, el contexto internacional influirá poderosamente sobre la
economía española.
El aumento de los intercambios con Europa impulsó al gobierno español a
iniciar "conversaciones exploratorias" con la CEE. En junio de 1970 España y la CEE
firmaron un Acuerdo preferencial que estuvo en vigor hasta la plena integración de
nuestro país en la CEE, el 1 de enero de 1986.
En octubre de 1973 se desencadenaba la crisis del petróleo como medida de
protesta de los países árabes exportadores de petróleo contra Occidente por su apoyo a
Israel. Dos meses después, moría el jefe del gobierno, Carrero Blanco, en un atentado
terrorista de ETA. Dos hechos coincidentes en el tiempo que abren paso al declive del
régimen y a su descomposición interna.
El final del franquismo coincidía, en efecto, con una caída del crecimiento económico, un incremento de la inflación y un aumento del paro.
3. Las transformaciones sociales.
Muchas son las diferencias con el primer franquismo. La más evidente es el espectacular desarrollo económico que vive el país, aunque con retraso con respecto a
Europa. Ese desarrollo económico y el contacto con el exterior, ya bien sea a través de la emigración a Europa, o debido al boom del turismo, generan cambios sociales importantes y, sobre todo, un cambio de mentalidad. Aunque el régimen no evoluciona
casi en lo político, los españoles de los años sesenta tienen más preocupaciones políticas
y deseos de consumo, demandando una sociedad más abierta en consonancia con los
nuevos movimientos culturales europeos.
a) Los movimientos migratorios.
El desarrollo económico trae profundos cambios. El primero y más importante
es que la agricultura pierde el protagonismo económico que había tenido desde siempre,
es sustituida por la industria y el sector servicios. Esto genera que un gran número de
españoles abandone el campo y se vaya a vivir a las ciudades, es el éxodo rural.
Madrid, el País Vasco y Cataluña son las principales zonas de recepción de estos
trabajadores rurales, creciendo de manera espectacular el volumen de estas ciudades sin
existir, la mayoría de las veces, la planificación adecuada. Los recién llegados pasan a
poblar barrios de la periferia sin las más mínimas condiciones de vida. Las zonas de
salidas de estos desplazados son, mayoritariamente, las zonas del interior: Extremadura,
Andalucía, las dos Castillas…
Al lado de las migraciones interiores, se estableció un flujo ininterrumpido de
emigrantes españoles que de forma continua salían para la Europa desarrollada. Estos
emigrantes marchaban con carácter temporal, pero en muchos casos fijarán su residencia definitiva en países como Alemania, Francia, Holanda o Suiza.
Desde el punto de vista económico su papel será decisivo pues generan importantes capitales (ahorro), que remitían a sus familias y que tanto contribuían a equilibrar la balanza de pagos.
b) El crecimiento de la población.
En los años sesenta la población experimenta un espectacular crecimiento que se ha dado en llamar el baby boom. Con una alta natalidad y una mortalidad en franco retroceso, el crecimiento vegetativo español era alto. Esto generó problemas de ajustes entre una población en crecimiento y las infraestructuras sanitarias y educativas del país que eran claramente insuficientes. Ante este reto el régimen tuvo que construir a marchas forzadas hospitales, escuelas e institutos. La mayoría de los nuevos centros educativos serán públicos, la enseñanza privada –casi toda de carácter religioso- no podía absorber ese incremento. El esfuerzo inversor vino acompañado de la reforma del sistema educativo, aprobándose en 1970, por el ministro Villar Palasí, la Ley General de Educación.
Otra medida, signo de modernización, fue la Ley de Bases de la Seguridad Social, aprobada en 1963, por la que se unificaba el anterior sistema de seguros dispersos en una Seguridad Social total (atención médica, pensiones, subsidios, indemnizaciones). Un problema crónico en España será el déficit de viviendas, como consecuencia de la inmigración masiva al desbordar el crecimiento de las ciudades, dando como resultado la construcción de barrios sin planificación y mal dotados de servicios.
c) La modernización de la sociedad y el cambio de mentalidades.
En esencia la población española sufrió una profunda transformación que le
llevó a conocer cotas de bienestar y de consumo inimaginables en las etapas anteriores.
El consumismo presidió la vida de los españoles frente a la simple supervivencia de la
época anterior. El ejemplo típico fue la adquisición de un automóvil, teniendo en el
famoso Seat 600 el caso más conocido. El consumismo conlleva un cambio de
mentalidad y en parte sustituye a los valores tradicionales del primer franquismo. A esto
se une una nueva generación que o no vivió la guerra o eran muy pequeños entonces, y
que pedían o demandaban cambios y mayores cotas de libertad.
La modernización vino también de la apertura al exterior a través del turismo
que en los años sesenta vivió un auténtico boom. El contacto con estos ciudadanos de la
Europa comunitaria impregnó la vida de los españoles que veían en estos países el
modelo a seguir, y no sólo en cuanto a las modas. La cerrazón del régimen y las
limitadas libertades contrastaban profundamente con el modelo europeo.
La inauguración de TVE en 1956 fue otro símbolo del consumo y de la
modernización. El poseer el famoso aparato se convertía en una aspiración de todo
trabajador, y a la vez, aunque controlado por el régimen, era una ventana abierta al
mundo.
Otro síntoma de que la sociedad estaba cambiando fue el aumento importante de
la población activa femenina, la incorporación de la mujer al mercado laboral rompía
con una de las características más destacadas del primer franquismo.
Desde el punto de vista de las diferencias sociales el hecho más destacado, y
común con todas las sociedades desarrolladas, es el incremento cuantitativo de las
clases medias. Junto a los nuevos ejecutivos de los sectores empresariales más
dinámicos, surgen con gran fuerza las nuevas clases medias, muy unidas al sector
servicios: los empleados de banca, los técnicos, los gestores de empresas, los
profesionales liberales… Entre los hijos de estos grupos surgirán las nuevas actitudes en
la vía de la secularización, la tolerancia y la libertad. Una sociedad preparada para
asegurar el triunfo de una transición a la democracia, todavía a la espera de su
consecución en España. Curiosamente, los jóvenes universitarios serán la punta de
lanza de la protesta popular contra el régimen, en paralelo a la oposición obrera.
III. LA OPOSICIÓN POLÍTICA AL FRANQUISMO.
1. La oposición desde la fase tecnocrática hasta 1973.
Una de las características más importantes de la lucha contra el franquismo es el debilitamiento de la oposición exterior que sólo en los últimos años, y ante la inminencia de la próxima muerte de Franco, cobra fuerza. Por el contrario, en el interior se va diversificando y haciéndose socialmente más amplia, fenómeno
paralelo a la disminución de la feroz represión de la etapa anterior.
a) La oposición social.
Calificamos de social a esta oposición porque de forma espontánea creció el rechazo contra el régimen, y los grupos de oposición no estaban organizados políticamente por ningún partido clandestino. El único que tuvo fuerza y un cierto protagonismo fue el Partico Comunista. El fenómeno fue intenso y creciente, de tal forma que muchos grupos sociales anteriormente fieles al sistema o indiferentes en materia política o social se oponen abiertamente.
Las protestas obreras fueron en aumento desde 1962, la represión contra ellas
fue menos contundente que en la etapa anterior. Asturias, País Vasco, Madrid y
Barcelona y su cinturón industrial fueron los principales escenarios de la conflictividad
obrera (manifestaciones, huelgas…), eran, evidentemente, las zonas más industrializadas. En 1964 surge el sindicato Comisiones Obreras como organización
alternativa al sindicato oficial, aprovechando los cauces de la negociación colectiva en
las empresas y las elecciones entre trabajadores para jurados de empresa y enlaces
sindicales. En 1968, el Tribunal Supremo declaró a CC.OO. ilegal y sus principales
dirigentes fueron encarcelados (Marcelino Camacho, Julián Ariza, Nicolás Sartorius…).
En 1973 se celebró el juicio contra ellos (Proceso 1001), con condenas de hasta veinte
años de prisión Su táctica, por tanto, fue entrar en las organizaciones del régimen y
aprovechar los cauces oficiales para organizar a los trabajadores. A finales del
franquismo era el sindicato más importante. Los otros sindicatos tradicionales (UGT,
CNT) no consiguieron levantar cabeza, estaban prácticamente desaparecidos.
Las protestas universitarias cobraron fuerza a partir de 1965. Los actos de
protestas se repetían frecuentemente y el régimen respondía con cargas policiales,
detenciones, cierre de los centros universitarios… El movimiento estudiantil ya no se
detuvo hasta el final del régimen y era el síntoma más claro de que el régimen no
contaba con el apoyo de la juventud.
La propia Iglesia Católica ya no era la institución monolítica que apoyaba al
régimen. Después del Concilio Vaticano II (1962-1965) la jerarquía católica se aleja del
franquismo, y era más abierto el rechazo por parte de los sacerdotes jóvenes, muchos de
ellos empezaron a militar en organizaciones católicas de claro contenido social que apoyaron las protestas obreras: Hermandad de Obreros de Acción Católica (HOAC), Juventud Obrera Católica
(JOC)… El gobierno calificaba estas
actuaciones como ingratas y traidoras.
b) La oposición política.
De todos los movimientos que en el interior luchaban contra el franquismo, el
más organizado y el que contaba con más apoyos era el PCE (Partido Comunista de
España), partido dirigido por Santiago Carrillo. Su estrategia política consistía en el
entrismo, es decir, en entrar en las organizaciones legales del Movimiento y en todo tipo
de asociaciones más o menos legales: organizaciones estudiantiles, asociaciones de
vecinos… Muy vinculado a este partido estaba el sindicato Comisiones Obreras.
El PSOE no tenía ni con mucho la misma implantación, su dirección y casi
todos sus mandos estaban en el exterior y los pocos núcleos del interior tenían poco
margen de maniobra. Es un partido dividido entre los partidarios de un sistema
republicano y la no colaboración con los comunistas por un lado, y, por otro, los
partidarios de la monarquía constitucional y la colaboración con todos los partidos
políticos para conseguir la democracia.
En la extrema izquierda surgieron variantes del comunismo que iban desde el
PCE Marxista-leninista, hasta grupos terroristas como el FRAP.
En la derecha la oposición al régimen estaba integrada por varias tendencias,
entre ellas los monárquicos y la Democracia Cristiana.
Este último grupo participó en 1962 en el Congreso del Movimiento Europeo en la ciudad alemana de Múnich, lugar de encuentro entre los grupos de oposición de dentro y de fuera del país. Estos grupos pidieron a la entonces Comunidad Económica Europea que no aceptara a España como miembro mientras no
hubiera un sistema democrático homologable con los países de la citada organización. El régimen consideró esta reunión como una conspiración y lo denominó el “contubernio” de Múnich y muchos de los participantes en ese encuentro fueron arrestados al volver a España.
De la misma manera se vigorizó también la oposición de los partidos
nacionalistas como Esquerra Republicana de Catalunya o el Partido Nacionalista
Vasco, que se estructurarían en los últimos años del franquismo. En Cataluña se crea en
1971 la Asamblea de Cataluña que agrupaba a todas las fuerzas políticas de la
oposición catalana en la lucha por la libertad y la autonomía. De esta etapa es también
ETA, que surgió en 1959 como una escisión del PNV que mezclaba principios
marxistas y nacionalistas. A partir de 1968 adoptó la estrategia de la lucha armada
contra el franquismo, al que castigaría duramente en sus últimos años, el atentado más
famoso fue el que segó la vida del presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco en
1973.
2. La reorganización de la oposición política en vísperas de la muerte del
dictador (1974-1975).
La oposición es consciente de que el fin está próximo y se empiezan a realizar
los primeros contactos para organizar la España democrática. Este periodo es clave para
entender qué va a suceder en España tras el fallecimiento de Franco.
a) Fuerzas políticas en el exterior que se oponen a la continuidad del
franquismo.
Dentro de la ilegalidad y actuando tanto dentro como fuera del país, las
principales formaciones políticas opuestas al franquismo fueron:
- Monárquicos partidarios de retornar al sistema constitucional, con Juan de
Borbón.
- PSOE. En el Congreso de Suresnes, celebrado en esa localidad próxima a París
en 1974, fue elegido como Secretario General del Partido, Felipe González,
imponiéndose la tendencia socialista de monarquía constitucional.
- PCE, se había renovado y rejuvenecido, promovía también la formación de un
frente común antifranquista, defendiendo la reconciliación nacional y la superación de
los rencores provocados por la Guerra. Su Secretario en el exilio fue Santiago Carrillo,
partidario de un comunismo democrático, no sometido a los dictados de la URSS.
Estos dos últimos partidos, rivales y muy activos, van tejiendo alianzas con
fuerzas políticas distintas de cara a conseguir sus objetivos.
b) Los primeros pasos para formar alianzas.
En julio de 1974 se constituye en París la Junta Democrática, integrada por el
PCE, Comisiones Obreras, Partido Socialista Popular (dirigido por Tierno Galván),
carlistas de Carlos Hugo y políticos vinculados a don Juan, entre otros. Reclama una
total “ruptura” con la legalidad de la dictadura y la brusca desaparición del sistema
franquista.
Un año después, en julio de 1975, el PSOE (cuyo secretario era ya Felipe
González) animó a la formación de la Plataforma de Convergencia Democrática, a
imitación de la iniciativa Comunista. A la Plataforma se adhieren los democristianos y
liberales, los carlistas -que habían abandonado la Junta Democrática- y partidos de
extrema izquierda. Optaron por la vía de la “reforma” o “ruptura pactada”, es decir, la
transformación de la dictadura en democracia partiendo de su propia legalidad, e incluso contando con la voluntad de las fuerzas aperturistas.
De nuevo se manifiestan las discrepancias entre comunistas y socialistas, pero ambas tendencias coinciden en la necesidad de acabar con la dictadura, la no colaboración en la política del presidente Arias Navarro y la necesidad de una reforma constitucional.
c) El papel de los aperturistas en el interior.
Además de estas fuerzas “ilegales”, en el escenario que decide cuál será el futuro
político de una España sin Franco también cuenta el papel político desempeñado por el
cada vez más fuerte sector aperturista del franquismo (Fraga, Fernández Ordóñez, Pío
Cabanillas...), reclaman una reforma constitucional a partir de las instituciones y las
leyes franquistas. En este punto hay coincidencia con las ideas de la Plataforma de Convergencia Democrática.
año clave, es la fecha del Plan de Estabilización que puso las bases para el desarrollo
económico de los sesenta y primeros setenta. La España de los sesenta no se parece en
casi nada a la que sale de la Guerra Civil, sólo en una cosa: el sistema político ha
cambiado muy poco. En el presente tema estudiaremos primero la evolución política: el
gobierno de los tecnócratas - autores del desarrollo económico-, la llegada a la
presidencia de Carrero Blanco y, por último, la agonía del régimen. En lo económico
hablaremos de las transformaciones económicas profundas que experimenta la
economía española y su incorporación definitiva al sistema económico capitalista,
pero este desarrollo experimenta un brusco frenazo en 1973 con la crisis del petróleo.
Con todo, las transformaciones económicas producen profundos cambios sociales y de
mentalidad que demandan una apertura del régimen y mayores cotas de libertad. Por
último, hablaremos de la oposición al franquismo durante esta etapa, dando mucha
importancia a los movimientos de oposición de los dos últimos años de vida de Franco,
momento clave para entender qué va a pasar tras la muerte de éste.
I. EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL SEGUNDO
FRANQUISMO (1959-1975).
1. La tecnocracia: el dominio del Opus Dei (1957-1969).
Esta etapa del franquismo va a estar marcada por los intentos de preparar el
régimen para el futuro. Así, temas como un cierto pluralismo político y la sucesión de
Franco se van a convertir en el eje del periodo, ante los que aparecen dentro de las
familias del régimen posturas diferenciadas. Pese al dominio de los tecnócratas,
apareció una corriente que provenía del Movimiento, que era partidaria de un mayor
aperturismo, hacer más “representativo” al Movimiento. Esta lucha entre tecnócratas y
aperturistas, por tanto, va a ser otra de las claves del periodo.
a) La definitiva institucionalización del régimen.
Con los tecnócratas en el poder, se pone en marcha, desde 1957, una amplia reforma de la administración pública. Se trataba de adaptar la administración a las nuevas circunstancias de desarrollo económico. Fue una reforma técnica, sin pretender buscar una reforma política, que pretendía garantizar mínimamente los derechos de los administrados y conseguir un mayor grado de eficacia y racionalidad.
En 1958 se aprobaba la sexta de las Leyes fundamentales, la Ley de Principios del Movimiento Nacional, donde los principios de la FET eran la base del Movimiento, del “partido único”. La Ley definía el Estado como una “monarquía tradicional, católica, social y representativa”; y el Movimiento como “comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada”. El régimen se definía como una democracia orgánica en la que “la participación del pueblo” en las tareas legislativas se haría a través de la familia, el municipio y el sindicato.
A partir de 1960 el régimen quiso darse aires “liberalizadores” dado su interés por ingresar en la CEE. En los cambios de gobierno de 1962 y 1965 sigue consolidándose el sector vinculado al Opus Dei, agrupado en torno a Carrero Blanco.
La liberalización económica estaba permitiendo un crecimiento espectacular de la economía española; hubo también una cierta liberalización cultural, impulsada por el
ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, en los gobiernos de 1962 y 1965. A
estos gobiernos corresponde el Primer Plan de Desarrollo (1964-1967), la Ley de
Bases de la Seguridad Social, de 1963, por la que el Estado correría con una serie de
prestaciones y facilitaría diversos tipos de asistencia (atención médica, pensiones,
subsidios, indemnizaciones) a los trabajadores inscritos en la Seguridad Social. Por
último, la Ley de Prensa, en 1966, obra de Manuel Fraga, suprimía la censura previa,
abrió un clima de mayor aperturismo, se notó en la publicación de libros, en el teatro y
en el cine. Con la Ley de Fraga no se pudo disponer de una prensa libre, pero tampoco
era la de los primeros tiempos de la dictadura.
A la vista de estas actuaciones y de sus positivos resultados, el régimen se veía
aceptado y consolidado. Había que asegurar su futuro, cerrar su institucionalización
(“después de Franco, las instituciones” por él creadas, independientemente de quién las
presida). En efecto, y con ese fin, la Ley Orgánica del Estado, la última de la Leyes
fundamentales, promulgada en enero de 1967, aprobada por referéndum en diciembre
del año anterior, venía a cerrar el ciclo constituyente del régimen. Reconocía la libertad
religiosa, introducía la separación de los cargos de Jefatura del Estado y presidencia del
Gobierno. También introdujo en las Cortes la representación “familiar”, elegidos por
votación por los cabezas de familia (las primeras elecciones para procuradores por
representación familiar se celebraron en octubre de 1967). La LOE ratificó la
monarquía como forma política del Estado español. Franco había optado por don Juan
Carlos desde muy pronto, pero dilató su designación, también defendido por el equipo
Carrero Blanco-tecnócratas. En julio de 1969, las Cortes aceptaban como sucesor de
Franco, en la Jefatura del Estado, al príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón
(hijo de don Juan de Borbón y doña María de las Mercedes de Borbón y nieto de
Alfonso XIII), con el objetivo de garantizar el funcionamiento de las instituciones
después de la muerte del dictador.
b) La estrategia política de los aperturistas.
Aunque el dominio político de esta etapa corresponde a los tecnócratas surgen otros grupos que se enfrentan a ellos, dentro del contexto de los cambios económicos y sociales que se estaban produciendo y, sobre todo, ante la perspectiva de un régimen
sin Franco. Dentro de estos grupos destacan los inmovilistas o búnker (sector duro del Movimiento que pretendía el inmovilismo más absoluto) y los aperturistas, provenientes también del Movimiento y liderados por Manuel Fraga y José Solís. Ambos eran ministros. El primero, como ya se sabe, entró en el gobierno de 1962 y siguió en el de 1965. El segundo venía siendo ministro secretario general del Movimiento desde el cambio de gobierno de 1957. Ambos estaban a favor de abrir el
régimen a la “participación”, pero la fórmula, al establecerse dentro del marco del
Movimiento, terminó siendo un fracaso, sin llegar a ser aceptado por los inmovilistas.
Limitar la influencia del los tecnócratas del Opus Dei en el régimen estaba, también,
entre los principales objetivos de los aperturistas.
La gran oportunidad les vino en 1969 al estallar el escándalo Matesa, un tema
de corrupción financiera e industrial en que estaban implicadas personas pertenecientes
a los tecnócratas y al Opus. Fraga y Solís maniobraron para que el asunto se conociera a
través de la prensa, desprestigiando a sus adversarios políticos. Franco actuó a su
manera. Eliminó a los ministros responsables, que eran del Opus, y a los instigadores
(Solís y Fraga) y procedió a un cambio de gobierno, con incondicionales-tecnócratas,
bajo la presidencia de Carrero Blanco, como vicepresidente. Esta vez Franco no tenía la
capacidad de maniobrar entre las distintas familias. Formó un gobierno con personas
adictas a Carrero Blanco. Pero la división entre las familias franquistas era ya un hecho
consumado.
c) La política exterior.
Desde 1957 la política exterior franquista se fijó como objetivos el acercamiento a la Europa comunitaria, el mantenimiento de una estrecha relación con los EE.UU. y la
recuperación de Gibraltar. España alcanzó durante este tiempo la mayor aceptación
internacional en los casi cuarenta años de franquismo.
Desde que en 1957 se creara la CEE -actualmente Unión Europea- los tecnócratas, imponiéndose a los militares y a los falangistas que no estaban de acuerdo, eran partidarios de la entrada de España en ella. No obstante, la entrada no se conseguiría hasta 1986, debido al impedimento político, no obstante se cerraron acuerdos comerciales.
Las relaciones con EE.UU. estuvieron marcadas por los pactos bilaterales y las sucesivas prorrogas. España basó su política exterior en estos acuerdos y aunque pedía más colaboración americana a cambio de las bases, no lo consiguió. La presión para la recuperación de Gibraltar se convirtió en una constante y símbolo de la política exterior española. A la presión diplomática se le unieron otras medidas como el aislamiento del
Peñón, pero sin resultado positivo.
España aceptó la independencia de Guinea Ecuatorial (1968) y cedió en 1969 el Ifni a Marruecos (independizado de España y Francia en 1956), no obstante pretendió conservar el Sahara Occidental. Pero en noviembre de 1975, ante las presiones de Marruecos, España hizo cesión de su soberanía por los Acuerdos de Madrid, repartiéndose el territorio entre Marruecos y Mauritania; esta decisión es la base de la problemática actual de la población saharaui.
2. El declive del régimen (1969-1975).
Tras el nombramiento de Juan Carlos como sucesor en la Jefatura del Estado en julio de 1969, el que era vicepresidente del gobierno, almirante Luis Carrero Blanco, se esforzó en sentar las bases de una transición pacífica hacia la "Monarquía del 18 de julio".
a) Carrero Blanco y el fracaso del aperturismo (1969-1973).
Después del escándalo político-financiero originado por el caso Matesa, Franco, como ya se ha apuntado, separó del gobierno a los ministros responsables. El vicepresidente Carrero, en octubre de 1969, se hizo cargo del nuevo gobierno, que trazó un amplio programa político; veamos a continuación sus principales puntos de actuación.
En primer lugar intentó relanzar la economía, tras la crisis de 1967-1969, dando como resultado una fase de fuerte crecimiento.
En política exterior el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, López Bravo, firmó un acuerdo comercial con la CEE y estableció relaciones diplomáticas con China y con la República Democrática de Alemania, dos países comunistas. Y, en 1970, visitaba España el presidente norteamericano Nixon.
En el aspecto cultural y educativo se produce la reforma del sistema educativo con la Ley Villar Palasí de 1970, que pretendía la equiparación con Europa, extendiendo la enseñanza básica gratuita.
Pero también hubo otros proyectos donde los resultados fueron decepcionantes. El Estatuto de Asociaciones políticas, idea de los aperturistas, quedó congelado. En el
campo laboral se intenta resolver la conflictividad obrera con la nueva Ley Sindical de 1971, que fue una decepción al no contener las promesas de democratización hechas al plantearse su elaboración.
Con la Iglesia, las relaciones venían empeorándose. Contribuyó a ello la celebración en 1964 del Concilio Vaticano II y la renovación en la jerarquía episcopal española, llevada a cabo entre 1964 y 1974. Entre ellos destacaba el cardenal Vicente Enrique y
Tarancón, arzobispo de Madrid (1969) y presidente de la Conferencia Episcopal Española (desde 1972), decidido a marcar distancias con el franquismo.
Simultáneamente un nuevo enemigo se iba fortaleciendo: ETA, que se mostró especialmente activa. En diciembre de 1970 tuvo lugar en Burgos un juicio contra
dieciséis militantes de ETA, nueve de los cuales fueron condenados a muerte. Tras el
fuerte rechazo internacional, Franco conmutó las penas por las de cadena perpetua.
En definitiva, la agitación de los estudiantes, que no paraba, el malestar laboral, los secuestros y atentados de ETA, la aparición del grupo terrorista FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) venían a poner en tela de juicio el modelo de
“tranquilidad social” con que se presentaba el régimen. Éste respondió con mayor
represión. En 1971 era reformada, endureciéndola, la Ley de Orden Público de 1959.
A principios de 1973, en el seno del franquismo, se reproducía el enfrentamiento entre los aperturistas y los inmovilistas; el gobierno, por ello, estaba dividido y mostraba una fuerte debilidad. Franco resolvió la crisis formando un nuevo gobierno en junio, separando por primera vez -tal como preveía la Ley Orgánica de 1967- la Jefatura del Estado y la del Gobierno, cargo que asumió Carrero Blanco. El nuevo gabinete, que practicó un “giro a la derecha”, apenas sí se estrenó: el día 20 de diciembre de 1973, el presidente Carrero Blanco moría en Madrid víctima de un espectacular atentado de ETA.
b) Gobierno de Arias Navarro (1974-1975). Enfermedad y muerte de Franco.
Ante la sorpresa general, el sucesor de Carrero fue Arias Navarro, quien forma
gobierno, en enero de 1974, con predominio de franquistas puros, sin tecnócratas.
Desde el principio, pretendió dar una imagen de ruptura con la etapa de Carrero y en un
discurso pronunciado ante las Cortes en febrero de 1974, influenciado por los ministros
Pío Cabanillas y Antonio Carro, presentó un programa de gobierno aperturista,
declarándose partidario de ciertas reformas y de la aprobación de un nuevo Estatuto de
Asociaciones políticas (“espíritu del 12 de febrero” de 1974).
El discurso contribuyó a revitalizar la vida política de país. Hubo mayor libertad de
prensa. Ésta informaba con amplitud sobre huelgas, actividades políticas, aparecían
opiniones políticas de líderes de la oposición moderada… El Estatuto de Asociaciones se estuvo estudiando durante todo el año y se aprobó el 21 de diciembre, pero era poco viable (los partidos debían quedar bajo el techo de los Principios Fundamentales del Movimiento). No contentó a ningún grupo de de la oposición democrática, que exigía cada vez más la reforma del sistema.
La derecha franquista (el búnker) reaccionó con dureza contra la apertura de Arias Navarro. El 28 de abril (1974), el falangista y ex ministro Girón de Velasco lanzaba, en el diario “Arriba”, una furiosa crítica contra la aventura del “12 de febrero”.
La confrontación se hizo intensa y el propio Arias Navarro se desdijo de lo dicho y dio marcha atrás, pronunciando en Barcelona, el 15 de junio, un discurso que venía a
suprimír el espíritu de apertura.
Días después, Franco cayó enfermo, ingresando en una clínica para ser tratado
de una tromboflebitis. El príncipe Juan Carlos tuvo que ejercer interinamente la
Jefatura del Estado (19 de julio- 1 de septiembre). Una vez recuperado, Franco recobró
sus poderes, pero el terrible atentado de ETA en Madrid, en la cafetería Rolando, el 13
de septiembre (1974), que costó las vida a once personas, pondrá fin a la zigzagueante
política de apertura/represión de Arias Navarro. En el mes de octubre, el propio Franco,
que había recibido en El Pardo un dossier sobre los excesos de la prensa y la televisión,
exige a Carlos Arias Navarro el cese inmediato del ministro Pío Cabanillas, ministro
reformista que era acusado de demasiada simpatía hacia la oposición catalana.
Cabanillas, en efecto, es cesado y con él marcharon otros altos cargos (octubre). Era el
fin definitivo del “espíritu del 12 de febrero”. La aventura del cambio había
terminado.
Paralelamente, otras circunstancias estaban contribuyendo a crear más dificultades al régimen. Los efectos de la crisis económica de 1973 (subida de los precios, más paro, menos divisas), la revolución del 25 de abril en Portugal acababa con la dictadura de Salazar y ponía en alerta a los inmovilistas. La lentitud con que España venía enfrentándose a la descolonización le estalló ahora con el Sahara, donde el Frente Polisario venía reclamando la independencia.
Un régimen que demostraba la imposibilidad de reformarse desde dentro, el envejecimiento de Franco y su previsible pronto final, movilizó también a la oposición
democrática en el exterior; así, en julio de 1974, se organiza la Junta Democrática,
con el PCE y otros grupos, y, en julio de 1975, al margen de la Junta, la Plataforma de
Convergencia Democrática, con el PSOE y otros partidos.
Durante el año 1975 la situación económica se agravó. El terrorismo fue a más.
En varios atentados, perpetrados en los ocho primeros meses del año, murieron once
policías. El régimen respondió con dureza. El 27 de septiembre son ejecutados cinco
condenados a muerte de ETA y FRAP. Hubo manifestaciones en capitales europeas,
peticiones de clemencia, se retiraron trece embajadores a lo que el régimen respondió
con una concentración de apoyo a Franco el 1 de octubre. Días después se anunciaba
que Franco estaba enfermo. Marruecos aprovechó el momento para reclamar el Sahara y
para acelerar la anexión organizó una movilización popular, a comienzos de noviembre,
la llamada Marcha Verde, que llegó a atravesar la frontera saharaui. El ejército español
estuvo en máxima alerta, podía estallar un conflicto con Marruecos. Finalmente, el 18
de noviembre, se firmaban los Acuerdos de Madrid, por los que el Sahara español era
entregado a Marruecos y Mauritania. Dos días después, el 20 de noviembre, después de
una larga agonía, moría Franco.
II. EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA DEL SEGUNDO FRANQUISMO (1959-
1975).
1. El plan de estabilización (1957-1959).
Las dificultades que, a partir de 1956, se fueron acumulando en el campo de la
economía provocaron una radical modificación en la política económica del régimen
franquista. La situación era tan crítica que, por ejemplo, en 1959 España se podía haber
quedado sin petróleo por falta de divisas para pagarlo.
Franco había formado, en 1957, un nuevo gobierno en el cual dos personalidades
destacadas del grupo tecnócrata –técnicos ligados al Opus Dei- ocuparon dos carteras
básicas del área económica. Éstas fueron la de Comercio, desempeñada por Alberto
Ullastres, y la de Hacienda por Mariano Navarro Rubio. A lo largo de la década de
los 60 serán siempre políticos de esta tendencia tecnócrata los que dirigirán la política
económica en España y los que dirijan la mayoría de los ministerios.
Los nuevos ministros, Ullastres y Navarro Rubio, elaboraron un Plan de
Estabilización Económica, que consideraban imprescindible para asentar sobre una base sólida el proceso de crecimiento económico que se quería iniciar. Para poner en
marcha al Plan hubo que vencer muchas reticencias. Ni Franco ni Carrero Blanco lo acogieron con demasiado entusiasmo. Pero no había otra receta para sacar a España del marasmo económico. Finalmente, el Plan de Estabilización recibió la aprobación del Gobierno mediante un Decreto fechado el 21 de julio de 1959. Mediante este Decreto se impusieron una serie de medidas básicas para orientar la economía del país.
Citaremos sólo algunas de las más significativas:
1. Reducción del gasto excesivo del Estado y del de los particulares. Esto implicó restricciones en la concesión de créditos y congelación de los salarios, para reducir la circulación fiduciaria (= para luchar contra la inflación).
2. Desaparición progresiva de los controles del Gobierno sobre las actividades
económicas.
3. Apertura de la economía española a los mercados exteriores. Ello obligó a devaluar la peseta (60 ptas. un dólar; antes, 42 ptas.). La finalidad última de esta operación de política económica era poner en contacto la economía española con la internacional.
Esto se hacía en un momento en que ésta se encontraba en una etapa de fuerte
crecimiento. Por otra parte, poco después de la publicación del decreto citado, el
Gobierno dio muchas facilidades a las empresas extranjeras que quisieran instalarse en
España. Con ello se eliminaban buena parte de los obstáculos que, en este terreno, se
habían creado a lo largo de la etapa autárquica. Para realizar esta transformación
económica, España pudo contar con la concesión de importantes créditos
internacionales, del FMI, la OECE y del gobierno y la banca norteamericanos.
En resumen, este Plan de Estabilización fue calificado como "la operación
económica de más alcance realizada por el Estado en el período 1939-1959", fue una
"operación singular y laudable de política económica". Su aplicación fue un éxito.
España va a conocer una etapa de fuerte crecimiento económico, incorporándose,
definitivamente, en el reducido club de países industrializados del mundo.
2. La España del desarrollismo.
Los resultados del Plan de Estabilización fueron inmediatos. No obstante, a corto
plazo, entre 1959 y 1960, el Plan produjo, como es normal en este tipo de operaciones,
una fuerte recesión económica (congelación salarial, caída del consumo y de la
inversión, aumento del paro…), todo estaba previsto y entraba dentro de los cálculos.
Pero a partir de 1961 se produjo un fuerte crecimiento económico calificado por
algunos como milagro español. El crecimiento se basó en una fuerte expansión
industrial que se produjo por los bajos salarios, comparados con los de los trabajadores
europeos, y la masiva llegada de capitales extranjeros que veían en España un lugar
favorable para las inversiones. Se construyó así un tejido industrial diversificado y
potente, un fenómeno sin precedentes en la Historia de España. El crecimiento industrial
atrajo a un gran número de campesinos que huyeron en masa a las ciudades. Éste
fenómeno motivó, a su vez, un alza de los salarios agrícolas por la falta de mano de
obra. Pero este hecho contribuyó a la mecanización del campo por lo cual se produce
también la modernización del sector agrario, que iba en paralelo con el despoblamiento
del interior del país.
En el sector servicios, el turismo fue el verdadero motor de la economía: miles
de europeos acudían a España aprovechando los bajos precios, la oferta de sol y playa y
la existencia de una infraestructura hotelera en rápida expansión.
La balanza comercial (diferencia entre importaciones y exportaciones) era
deficitaria, pero la balanza de pagos (donde intervienen además más factores) se
cerraba con un saldo positivo (superávit) por los ingresos del boom del turismo, por las
remesas de los emigrantes españoles en Europa y por los capitales extranjeros invertidos
en nuestro país.
A partir de 1963 el gobierno intentó regular el crecimiento mediante los Planes
de Desarrollo, copiados del modelo francés. Desde el gobierno se marcaban objetivos
económicos a cumplir cada tres años en determinados sectores, complementando las
medidas con subvenciones públicas e incentivos fiscales. Dos de los objetivos
perseguidos eran la industrialización de nuevas zonas y lograr disminuir el desequilibrio
económico regional, en estos aspectos el balance fue un rotundo fracaso.
El crecimiento fue ininterrumpido entre 1961 y 1973, pero debe tenerse en
cuenta que el triunfo del Plan se vio catapultado por la bonanza económica internacional
que se da en este periodo y que posibilitó el crecimiento, de la misma manera, cuando
llegue la crisis del 1973, el contexto internacional influirá poderosamente sobre la
economía española.
El aumento de los intercambios con Europa impulsó al gobierno español a
iniciar "conversaciones exploratorias" con la CEE. En junio de 1970 España y la CEE
firmaron un Acuerdo preferencial que estuvo en vigor hasta la plena integración de
nuestro país en la CEE, el 1 de enero de 1986.
En octubre de 1973 se desencadenaba la crisis del petróleo como medida de
protesta de los países árabes exportadores de petróleo contra Occidente por su apoyo a
Israel. Dos meses después, moría el jefe del gobierno, Carrero Blanco, en un atentado
terrorista de ETA. Dos hechos coincidentes en el tiempo que abren paso al declive del
régimen y a su descomposición interna.
El final del franquismo coincidía, en efecto, con una caída del crecimiento económico, un incremento de la inflación y un aumento del paro.
3. Las transformaciones sociales.
Muchas son las diferencias con el primer franquismo. La más evidente es el espectacular desarrollo económico que vive el país, aunque con retraso con respecto a
Europa. Ese desarrollo económico y el contacto con el exterior, ya bien sea a través de la emigración a Europa, o debido al boom del turismo, generan cambios sociales importantes y, sobre todo, un cambio de mentalidad. Aunque el régimen no evoluciona
casi en lo político, los españoles de los años sesenta tienen más preocupaciones políticas
y deseos de consumo, demandando una sociedad más abierta en consonancia con los
nuevos movimientos culturales europeos.
a) Los movimientos migratorios.
El desarrollo económico trae profundos cambios. El primero y más importante
es que la agricultura pierde el protagonismo económico que había tenido desde siempre,
es sustituida por la industria y el sector servicios. Esto genera que un gran número de
españoles abandone el campo y se vaya a vivir a las ciudades, es el éxodo rural.
Madrid, el País Vasco y Cataluña son las principales zonas de recepción de estos
trabajadores rurales, creciendo de manera espectacular el volumen de estas ciudades sin
existir, la mayoría de las veces, la planificación adecuada. Los recién llegados pasan a
poblar barrios de la periferia sin las más mínimas condiciones de vida. Las zonas de
salidas de estos desplazados son, mayoritariamente, las zonas del interior: Extremadura,
Andalucía, las dos Castillas…
Al lado de las migraciones interiores, se estableció un flujo ininterrumpido de
emigrantes españoles que de forma continua salían para la Europa desarrollada. Estos
emigrantes marchaban con carácter temporal, pero en muchos casos fijarán su residencia definitiva en países como Alemania, Francia, Holanda o Suiza.
Desde el punto de vista económico su papel será decisivo pues generan importantes capitales (ahorro), que remitían a sus familias y que tanto contribuían a equilibrar la balanza de pagos.
b) El crecimiento de la población.
En los años sesenta la población experimenta un espectacular crecimiento que se ha dado en llamar el baby boom. Con una alta natalidad y una mortalidad en franco retroceso, el crecimiento vegetativo español era alto. Esto generó problemas de ajustes entre una población en crecimiento y las infraestructuras sanitarias y educativas del país que eran claramente insuficientes. Ante este reto el régimen tuvo que construir a marchas forzadas hospitales, escuelas e institutos. La mayoría de los nuevos centros educativos serán públicos, la enseñanza privada –casi toda de carácter religioso- no podía absorber ese incremento. El esfuerzo inversor vino acompañado de la reforma del sistema educativo, aprobándose en 1970, por el ministro Villar Palasí, la Ley General de Educación.
Otra medida, signo de modernización, fue la Ley de Bases de la Seguridad Social, aprobada en 1963, por la que se unificaba el anterior sistema de seguros dispersos en una Seguridad Social total (atención médica, pensiones, subsidios, indemnizaciones). Un problema crónico en España será el déficit de viviendas, como consecuencia de la inmigración masiva al desbordar el crecimiento de las ciudades, dando como resultado la construcción de barrios sin planificación y mal dotados de servicios.
c) La modernización de la sociedad y el cambio de mentalidades.
En esencia la población española sufrió una profunda transformación que le
llevó a conocer cotas de bienestar y de consumo inimaginables en las etapas anteriores.
El consumismo presidió la vida de los españoles frente a la simple supervivencia de la
época anterior. El ejemplo típico fue la adquisición de un automóvil, teniendo en el
famoso Seat 600 el caso más conocido. El consumismo conlleva un cambio de
mentalidad y en parte sustituye a los valores tradicionales del primer franquismo. A esto
se une una nueva generación que o no vivió la guerra o eran muy pequeños entonces, y
que pedían o demandaban cambios y mayores cotas de libertad.
La modernización vino también de la apertura al exterior a través del turismo
que en los años sesenta vivió un auténtico boom. El contacto con estos ciudadanos de la
Europa comunitaria impregnó la vida de los españoles que veían en estos países el
modelo a seguir, y no sólo en cuanto a las modas. La cerrazón del régimen y las
limitadas libertades contrastaban profundamente con el modelo europeo.
La inauguración de TVE en 1956 fue otro símbolo del consumo y de la
modernización. El poseer el famoso aparato se convertía en una aspiración de todo
trabajador, y a la vez, aunque controlado por el régimen, era una ventana abierta al
mundo.
Otro síntoma de que la sociedad estaba cambiando fue el aumento importante de
la población activa femenina, la incorporación de la mujer al mercado laboral rompía
con una de las características más destacadas del primer franquismo.
Desde el punto de vista de las diferencias sociales el hecho más destacado, y
común con todas las sociedades desarrolladas, es el incremento cuantitativo de las
clases medias. Junto a los nuevos ejecutivos de los sectores empresariales más
dinámicos, surgen con gran fuerza las nuevas clases medias, muy unidas al sector
servicios: los empleados de banca, los técnicos, los gestores de empresas, los
profesionales liberales… Entre los hijos de estos grupos surgirán las nuevas actitudes en
la vía de la secularización, la tolerancia y la libertad. Una sociedad preparada para
asegurar el triunfo de una transición a la democracia, todavía a la espera de su
consecución en España. Curiosamente, los jóvenes universitarios serán la punta de
lanza de la protesta popular contra el régimen, en paralelo a la oposición obrera.
III. LA OPOSICIÓN POLÍTICA AL FRANQUISMO.
1. La oposición desde la fase tecnocrática hasta 1973.
Una de las características más importantes de la lucha contra el franquismo es el debilitamiento de la oposición exterior que sólo en los últimos años, y ante la inminencia de la próxima muerte de Franco, cobra fuerza. Por el contrario, en el interior se va diversificando y haciéndose socialmente más amplia, fenómeno
paralelo a la disminución de la feroz represión de la etapa anterior.
a) La oposición social.
Calificamos de social a esta oposición porque de forma espontánea creció el rechazo contra el régimen, y los grupos de oposición no estaban organizados políticamente por ningún partido clandestino. El único que tuvo fuerza y un cierto protagonismo fue el Partico Comunista. El fenómeno fue intenso y creciente, de tal forma que muchos grupos sociales anteriormente fieles al sistema o indiferentes en materia política o social se oponen abiertamente.
Las protestas obreras fueron en aumento desde 1962, la represión contra ellas
fue menos contundente que en la etapa anterior. Asturias, País Vasco, Madrid y
Barcelona y su cinturón industrial fueron los principales escenarios de la conflictividad
obrera (manifestaciones, huelgas…), eran, evidentemente, las zonas más industrializadas. En 1964 surge el sindicato Comisiones Obreras como organización
alternativa al sindicato oficial, aprovechando los cauces de la negociación colectiva en
las empresas y las elecciones entre trabajadores para jurados de empresa y enlaces
sindicales. En 1968, el Tribunal Supremo declaró a CC.OO. ilegal y sus principales
dirigentes fueron encarcelados (Marcelino Camacho, Julián Ariza, Nicolás Sartorius…).
En 1973 se celebró el juicio contra ellos (Proceso 1001), con condenas de hasta veinte
años de prisión Su táctica, por tanto, fue entrar en las organizaciones del régimen y
aprovechar los cauces oficiales para organizar a los trabajadores. A finales del
franquismo era el sindicato más importante. Los otros sindicatos tradicionales (UGT,
CNT) no consiguieron levantar cabeza, estaban prácticamente desaparecidos.
Las protestas universitarias cobraron fuerza a partir de 1965. Los actos de
protestas se repetían frecuentemente y el régimen respondía con cargas policiales,
detenciones, cierre de los centros universitarios… El movimiento estudiantil ya no se
detuvo hasta el final del régimen y era el síntoma más claro de que el régimen no
contaba con el apoyo de la juventud.
La propia Iglesia Católica ya no era la institución monolítica que apoyaba al
régimen. Después del Concilio Vaticano II (1962-1965) la jerarquía católica se aleja del
franquismo, y era más abierto el rechazo por parte de los sacerdotes jóvenes, muchos de
ellos empezaron a militar en organizaciones católicas de claro contenido social que apoyaron las protestas obreras: Hermandad de Obreros de Acción Católica (HOAC), Juventud Obrera Católica
(JOC)… El gobierno calificaba estas
actuaciones como ingratas y traidoras.
b) La oposición política.
De todos los movimientos que en el interior luchaban contra el franquismo, el
más organizado y el que contaba con más apoyos era el PCE (Partido Comunista de
España), partido dirigido por Santiago Carrillo. Su estrategia política consistía en el
entrismo, es decir, en entrar en las organizaciones legales del Movimiento y en todo tipo
de asociaciones más o menos legales: organizaciones estudiantiles, asociaciones de
vecinos… Muy vinculado a este partido estaba el sindicato Comisiones Obreras.
El PSOE no tenía ni con mucho la misma implantación, su dirección y casi
todos sus mandos estaban en el exterior y los pocos núcleos del interior tenían poco
margen de maniobra. Es un partido dividido entre los partidarios de un sistema
republicano y la no colaboración con los comunistas por un lado, y, por otro, los
partidarios de la monarquía constitucional y la colaboración con todos los partidos
políticos para conseguir la democracia.
En la extrema izquierda surgieron variantes del comunismo que iban desde el
PCE Marxista-leninista, hasta grupos terroristas como el FRAP.
En la derecha la oposición al régimen estaba integrada por varias tendencias,
entre ellas los monárquicos y la Democracia Cristiana.
Este último grupo participó en 1962 en el Congreso del Movimiento Europeo en la ciudad alemana de Múnich, lugar de encuentro entre los grupos de oposición de dentro y de fuera del país. Estos grupos pidieron a la entonces Comunidad Económica Europea que no aceptara a España como miembro mientras no
hubiera un sistema democrático homologable con los países de la citada organización. El régimen consideró esta reunión como una conspiración y lo denominó el “contubernio” de Múnich y muchos de los participantes en ese encuentro fueron arrestados al volver a España.
De la misma manera se vigorizó también la oposición de los partidos
nacionalistas como Esquerra Republicana de Catalunya o el Partido Nacionalista
Vasco, que se estructurarían en los últimos años del franquismo. En Cataluña se crea en
1971 la Asamblea de Cataluña que agrupaba a todas las fuerzas políticas de la
oposición catalana en la lucha por la libertad y la autonomía. De esta etapa es también
ETA, que surgió en 1959 como una escisión del PNV que mezclaba principios
marxistas y nacionalistas. A partir de 1968 adoptó la estrategia de la lucha armada
contra el franquismo, al que castigaría duramente en sus últimos años, el atentado más
famoso fue el que segó la vida del presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco en
1973.
2. La reorganización de la oposición política en vísperas de la muerte del
dictador (1974-1975).
La oposición es consciente de que el fin está próximo y se empiezan a realizar
los primeros contactos para organizar la España democrática. Este periodo es clave para
entender qué va a suceder en España tras el fallecimiento de Franco.
a) Fuerzas políticas en el exterior que se oponen a la continuidad del
franquismo.
Dentro de la ilegalidad y actuando tanto dentro como fuera del país, las
principales formaciones políticas opuestas al franquismo fueron:
- Monárquicos partidarios de retornar al sistema constitucional, con Juan de
Borbón.
- PSOE. En el Congreso de Suresnes, celebrado en esa localidad próxima a París
en 1974, fue elegido como Secretario General del Partido, Felipe González,
imponiéndose la tendencia socialista de monarquía constitucional.
- PCE, se había renovado y rejuvenecido, promovía también la formación de un
frente común antifranquista, defendiendo la reconciliación nacional y la superación de
los rencores provocados por la Guerra. Su Secretario en el exilio fue Santiago Carrillo,
partidario de un comunismo democrático, no sometido a los dictados de la URSS.
Estos dos últimos partidos, rivales y muy activos, van tejiendo alianzas con
fuerzas políticas distintas de cara a conseguir sus objetivos.
b) Los primeros pasos para formar alianzas.
En julio de 1974 se constituye en París la Junta Democrática, integrada por el
PCE, Comisiones Obreras, Partido Socialista Popular (dirigido por Tierno Galván),
carlistas de Carlos Hugo y políticos vinculados a don Juan, entre otros. Reclama una
total “ruptura” con la legalidad de la dictadura y la brusca desaparición del sistema
franquista.
Un año después, en julio de 1975, el PSOE (cuyo secretario era ya Felipe
González) animó a la formación de la Plataforma de Convergencia Democrática, a
imitación de la iniciativa Comunista. A la Plataforma se adhieren los democristianos y
liberales, los carlistas -que habían abandonado la Junta Democrática- y partidos de
extrema izquierda. Optaron por la vía de la “reforma” o “ruptura pactada”, es decir, la
transformación de la dictadura en democracia partiendo de su propia legalidad, e incluso contando con la voluntad de las fuerzas aperturistas.
De nuevo se manifiestan las discrepancias entre comunistas y socialistas, pero ambas tendencias coinciden en la necesidad de acabar con la dictadura, la no colaboración en la política del presidente Arias Navarro y la necesidad de una reforma constitucional.
c) El papel de los aperturistas en el interior.
Además de estas fuerzas “ilegales”, en el escenario que decide cuál será el futuro
político de una España sin Franco también cuenta el papel político desempeñado por el
cada vez más fuerte sector aperturista del franquismo (Fraga, Fernández Ordóñez, Pío
Cabanillas...), reclaman una reforma constitucional a partir de las instituciones y las
leyes franquistas. En este punto hay coincidencia con las ideas de la Plataforma de Convergencia Democrática.
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