EL REINADO DE ISABEL II (1833-1868): LA DÉCADA MODERADA.

Tras la caída de Espartero, se planteó la posibilidad de una tercera regencia; la incapacidad para ponerse de acuerdo respecto a la misma decidió finalmente el adelanto de la mayoría de edad de la princesa Isabel, que juró su cargo como Isabel II en noviembre de 1843.

La década moderada (1844-1854).Ya en los últimos años de 1843, los moderados empezaron a desplazar a los progresistas del poder. Al tiempo que esto sucedía, creció la opinión de que era hora de asentar al estado sobre unas bases firmes, reformando la Constitución de 1837 en vigor. Cuando Narváez llegó a la presidencia de gobierno en mayo de 1844 inició una serie de reformas que limitaban las libertades y robustecían el poder central y de la corona.Dichas medidas estaban basadas en una idea principal: la compatibilidad entre la libertad y el orden, y el establecimiento de un orden público estricto, entendido asimismo como la legitimidad entre la autoridad del Estado sobre la sociedad civil. Entre finales de 1843 y hasta 1845 una serie de medidas tendieron a consolidar el control moderado sobre los resortes del poder:- El 23 de marzo de 1844 el gobierno presidido todavía por González Bravo suprime la Milicia Nacional acabando con la fuerza de choque de los progresistas. Paralelamente se crea la Guardia Civil para salvaguardar el orden público y la propiedad de las personas.- Se restringió la amplia libertad de imprenta establecida por la Constitución del 37 con el objeto de controlar la opinión pública. Se impuso la censura previa, se incrementaron los requisitos económicos exigidos a los editores, se limitó la libertad de expresión, se endurecieron las penas y se eliminó el juicio por jurado para las penas de imprenta en julio de 1845.- Se procedió a la reforma de los ayuntamientos a través de una ley orgánica de enero de 1845 que hacía depender a los alcaldes del poder central.Pero el proyecto moderado se plasmó esencialmente en la Constitución de 1845, sancionada por la reina el 23 de mayo. Aunque fue presentada como una reforma para mejorar el texto de 1837, lo cierto es que su espíritu político es completamente distinto y claramente moderado.Su preámbulo contenía aspectos trascendentales del liberalismo doctrinario; se negaba que la soberanía residiera exclusivamente en la nación y se afirmaba que era compartida por el Rey y por las Cortes, en cuento que representantes de la nación. Ahora eran el rey y las Cortes quienes decretaban la Constitución y no sólo las cortes como había sucedido en 1812 y 1837. De ahí que la reforma política más importante fuese la supresión de las limitaciones de los poderes del Rey y el aumento de sus prerrogativas.Las disposiciones orgánicas del nuevo documento mantenían el bicameralismo. La modificación más trascendental afectaba al Senado, que a partir de ahora estaría compuesto por un número ilimitado de senadores elegidos libremente por el monarca, con carácter vitalicio, entre las altas jerarquías de la Iglesia, del ejército y de la nobleza. Los diputados del Congreso eran elegidos por sufragio censitario, pero sus miembros debías asegurar un nivel de renta que impedía acceder a la cámara a las clases medias y bajas.La ley electoral reducía el número de votantes a los mayores contribuyentes de cada localidad y a un número limitado de personas de la cultura, profesionales liberales, el ejército, la Iglesia y la Administración del Estado.

Art. 2º. Todos los españoles puedan imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes.
Art. 3º. Todo español tiene derecho de dirigir peticiones por escrito a las Cortes y al Rey, como determinen las leyes.
Art. 4º. Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía.
Art. 7º. No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningún español, ni allanada su casa sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.
Art. 11. La Religión de la Nación española es la católica, apostólica, romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros.
Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Art. 13. Las Cortes se componen de los Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados.
Art. 14. El número de Senadores es ilimitado: su nombramiento pertenece al Rey.
Art. 43. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior, y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes.
Art. 66. A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales; sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.

Constitución de 1845.

El texto de 1845 se convirtió en el prototipo de la ideología moderada y se mantuvo vigente casi ininterrumpidamente hasta 1869 a pesar de que durante el gobierno de Bravo Murillo (1852) se intentó reformarlo en un sentido mucho más conservador.Tras la aprobación de la Constitución del 45, el programa de los gabinetes moderados se centró en la reorganización de la administración del Estado a distintos niveles:La ley de Alejandro Mon y Ramón Santillán, de 23 de mayo de 1845, estaba dirigida a simplificar y racionalizar la Hacienda. El nuevo sistema fiscal se basaba en dos tipos de impuestos: directos e indirectos. Los primeros se referían a la contribución rústica y urbana, un subsidio industrial y de comercio y un impuesto personal; los indirectos eran el derecho de hipoteca y el impuesto sobre el consumo de bienes. Junto con otras medidas complementarias como la reducción de la deuda pública y la creación del Banco Español de San Fernando (futuro Banco de España), pusieron fin definitivamente a la Hacienda del Antiguo Régimen.La ley de José Pidal, de 25 de septiembre de 1845, estaba dirigida a reestructurar la Instrucción Pública, a quitar a la Iglesia el control de la enseñanza y centralizar la educación mediante la aplicación de planes de estudio similares a todo el ámbito nacional. Sería complementada por la Ley Moyano de 1857, que estableció el sistema educativo basado en tres niveles inspirado en el modelo francés y vigente con ligeras modificaciones hasta 1970.La Ley de Funcionarios de junio de 1852 estaba dirigida a independizar la administración pública de los vaivenes de la política y crear las bases de una burocracia moderna y eficiente. Así, los cargos públicos se proveerían por concurso de méritos y los ascensos se realizarían exclusivamente por antigüedad en el cargo.Finalmente, se llevaron a cabo una serie de medidas que pretendían configurar un orden jurídico unitario. En este sentido, asistimos a la publicación del Código Penal de 1848 (vigente hasta 1996) y la preparación de un Código Civil que serían el antecedente del aprobado en 1889, con el que se abolirían todos los fueros, leyes, usos y costumbres anteriores.La nueva legislación tenía por objeto la centralización del Estado. Al mismo tiempo, desde el gobierno moderado se llevaron a cabo medidas tendentes a restablecer las relaciones con la Iglesia, rotas tras la promulgación de las medidas desamortizadoras de Mendizabal. Las negociaciones concluirían con la firma del Concordato de 22 de marzo de 1851 cuyos aspectos esenciales eras los siguientes: El Estado reconocía la religión católica como única de la nación española, la prohibición de otros cultos y la dotación del culto y del clero; el derecho de la Iglesia a poseer bienes, intervenir en la enseñanza y en la censura sobre publicaciones. A cambio, la Iglesia hacía dos importantes concesiones: la aceptación de la desamortización eclesiástica ya realizada, con lo que se levantaba la condena sobre gobernantes y compradores, y la renovación del Regio Patronato de 1753 que permitía al gobierno español participar en la elección de los nuevos obispos.Desde mayo de 1844 y hasta julio de 1854 se sucedieron los gabinetes de gobierno que respondían a dos tendencias dentro del moderantismo, conservadores y “puritanos”, algo más avanzados. Aunque con alternancias en el gobierno, hasta 1851 el verdadero hombre fuerte del régimen fue el general Ramón María Narváez. Además de la ordenación del nuevo modelo de estado, a finales de los 40 se hubo de hacer frente a insurrecciones de los progresistas radicales –inspiradas en la revolución francesa del 48- y de los carlistas. Desde 1846 se había reproducido el fenómeno carlista como consecuencia de dos circunstancias: el matrimonio de Isabel II con Francisco de Asís de Borbón, en detrimento de su primo Carlos Luis (Conde de Montemolín), y la crisis económica que afectaba principalmente al campesinado catalán. Esta Segunda Guerra Carlista, conocida como guerra dels matiners (guerra de los madrugadores) a la que algunos autores no conceden el valor de una verdadera guerra civil, tuvo como ámbito fundamental Cataluña, y en mucha menor medida regiones afines al carlismo como el Maestrazgo, el País Vasco, Burgos o Extremadura. En junio del 48, Ramón Cabrera volvió a España para reorganizar el Ejército Real de Cataluña, sin demasiada fortuna. En abril de 1849 se detuvo al pretendiente Carlos VI cuando intentaba entrar en España y poco después el propio Cabrera se veía obligado a huir ante el acoso del ejército gubernamental.Tras la caída de Narváez subió al poder Bravo Murillo en 1851. Durante este periodo España experimentó una prosperidad económica importante gracias a una serie de ministros tecnócratas que pusieron en práctica planes de construcción de ferrocarriles, carreteras y puertos, construcciones de escuelas y hospitales, etc. Al mismo tiempo se acentuaba la crisis del régimen moderado.El objetivo político del nuevo gobierno era someter definitivamente a las Cortes a favor del ejecutivo. Para lograrlo pretendía una reforma constitucional que permitía a este gobernar por decreto y suspender indefinidamente aquellas, celebrar sesiones parlamentarias a puerta cerrada o reducir el sufragio a los 150 mayores contribuyentes de cada provincia. La amplia oposición al proyecto autoritario de Bravo provocó su dimisión en diciembre de 1852.La incapacidad para conseguir un consenso político dentro del moderantismo agudizó la inestabilidad del régimen, las injerencias de la corona y el recurso de la represión. Esta descomposición interna abrió el camino para la crisis de julio e 1854 que puso fin a la década moderada e inauguraba el bienio progresista.

EL BIENIO PROGRESISTA Y LA VUELTA AL MODERANTISMO. EL TERRITORIO DE CASTILLA-LA MANCHA CON ISABEL II.

El bienio progresista (1854-56).
La revolución de 1854 fue producto de la confluencia de tres acontecimientos: un pronunciamiento militar moderado, la actividad insurreccional de progresistas y demócratas y una amplia movilización popular.El 28 de junio del 54 una facción del ejército encabezada por el general moderado Leopoldo O´Donnell se pronunció en Vicálvaro. El fracaso inicial de la acción le obligó a retirarse hacia Andalucía; en Manzanares se le une el general Serrano y ambos deciden dar una proyección social y política más amplia mediante la publicación de un manifiesto (7 de julio) redactado por el joven abogado malagueño Antonio Cánovas del Castillo.El Manifiesto fue concebido como una oferta de cambio y como un vehículo de control político del mismo. Garantizaba el respeto al trono, reivindicaba la legalidad constitucional, la rebaja de impuestos, la remodelación de la ley electoral y de imprenta, la restauración de la Milicia Nacional y la descentralización de los poderes locales. Y terminaba haciendo un llamamiento a la formación de juntas locales frente a la autoridad del gobierno.

La entusiasta acogida que va encontrando en los pueblos el ejército liberal; el esfuerzo de los soldados que le componen, tan heroicamente mostrado en los campos de Vicálvaro; el aplauso con que en todas partes ha sido recibida la noticia de nuestro patriótico alzamiento, aseguran desde ahora el triunfo de la libertad y de las leyes, que hemos jurado defender.
Dentro de pocos días la mayor parte de las provincias habrán sacudido el yugo de los tiranos; el ejército entero habrá venido a ponerse bajo nuestras banderas que son las leales; la nación disfrutará los beneficios del régimen representativo, por el cual ha derramado hasta ahora tanta sangre inútil y ha soportado tan costosos sacrificios. Día es, pues, de decir lo que estamos resueltos a hacer en el de la victoria. Nosotros queremos la conservación del trono, pero sin camarilla que lo deshonre: queremos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la electoral y la de imprenta; queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una estricta economía; queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y los merecimientos; queremos arrancar los pueblos a la centralización que los devora, dándoles la independencia local necesaria para que se conserven y aumenten sus intereses propios; y como garantía de todo estos queremos y plantearemos bajo sólidas bases la Milicia Nacional. Tales son nuestros intentos, que expresamos francamente, sin imponérselo por eso a la nación. Las juntas de gobierno que deben irse constituyendo en las provincias libres; las Cortes generales que luego se reúnan; la misma nación, en fin, fijará las bases definitivas de la regeneración liberal a que aspiramos. Nosotros tenemos consagrada a la voluntad nacional nuestras espadas, y no las envainaremos hasta que este cumplida.

Manifiesto de Manzanares.

Desde su difusión, las agitaciones populares proliferaron por toda España, de modo que el alzamiento militar moderado quedó desbordado y convertido en un movimiento popular de inspiración progresista, democrática y republicana. La extensión e intensidad del mismo propició la formación de una curiosa coalición entre moderados puritanos (a los que pertenecía O´Donnell), los progresistas y los sectores menos exaltados del partido demócrata, con el objetivo de encauzar la revolución y forzar la voluntad de la corona. A la vista de los acontecimientos, Isabel II decidió entregar el poder a la principal figura del progresismo: el retirado general Espartero, mientras O´Donnell se hacía con el ministerio de la Guerra. Comenzaba así el nuevo régimen progresista bajo la tutela de “los dos cónsules” como popularmente se tildó la combinación de los dos generales.El cambio de régimen supuso la puesta en práctica de medidas genuinamente liberales. La principal, la reforma del texto constitucional que al final no llego a ser promulgada: la Constitución non nata de 1856, que reflejaba como ninguna otra el ideario progresista: soberanía nacional, limitación del los poderes de la Corona y reconopcimiento de los derechos del individuo. Además, se reformaba el Senado según los criterios del 37; se reconocía la libertad de imprenta, la Milicia Nacional y la descentralización y democratización de los ayuntamientos. En el espinoso tema de las relaciones con la Iglesia, se mantenía y protegía la religión católica, pero se toleraban las opiniones privadas.Más eficaces que la Constitución –no aprobada- fueron las medidas económicas del Bienio, quizá porque si el liberalismo se encontraba dividido en sus concepciones políticas, se mostraba unido sobre la necesidad de favorecer una reorientación del desarrollo económico eliminando las últimas trabas para la libre circulación de bienes y capitales.A estos objetivos respondieron la desamortización general del ministro de Hacienda, Pascual Madoz, y una serie de leyes económicas para atraer capitales extranjeros, relanzar la actividad crediticia de los bancos y fomentar el ferrocarril: Ley de ferrocarriles de 1855, Ley bancaria de 1856 y creación del Banco de España ese mismo año, aunque ya bajo gobierno moderado.La ley de 1 de mayo de 1855 venía a ser la culminación de un proceso que había contado con el precedente inmediato de los decretos de Juan Álvarez Mendizabal unos años antes. Pascual Madoz extendió la desamortización a todos los bienes de propiedad colectiva: los bienes propios (que proporcionaban rentas al Concejo) y de instrucción pública (utilizados por los vecinos sin proporcionar renta) y de beneficencia. Por ello se le conoce erróneamente como la desamortización civil, lo que no quiere decir que no afectara también a las pertenencias eclesiásticas que no habían sido vendidas en la etapa anterior (de hecho se produjo una nueva ruptura con la Santa Sede), de ahí el más correcto nombre de desamortización general.El procedimiento utilizado para las ventas fue una copia del de Mendizabal, sin embargo, había dos diferencias importantes: una se refería al destino del dinero recaudado que sería dedicado esencialmente a la industrialización del país y en menor medida al saneamiento de la Hacienda); la segunda estaba en la propiedad de dicho dinero, que no sería del Estado sino de los ayuntamientos; aquel se convertía en el custodio de los fondos, utilizándolos en beneficio de éstos.En este proceso, la burguesía con dinero fue de nuevo la gran beneficiaria, aunque la participación de los pequeños propietarios de los pueblos fue más elevada que en la anterior. Sin embargo, la enajenación de propiedades municipales trajo consigo el empeoramiento de las condiciones de vida del pequeño campesinado, privado ahora del uso de las viejas tierras del Concejo y la aparición de un proletariado agrícola, campesinos desheredados sometidos a duras condiciones de vida y al trabajo estacional. Debido a esto, no serán infrecuentes los motines en el campo.El ocaso del Bienio estuvo motivado por varias causas: la creciente conflictividad social y política, la hostilidad de la corona y de los círculos moderados, la heterogeneidad de la coalición gobernante y la quiebra del progresismo. La escusa fue la enésima crisis ministerial en este caso por el enfrentamiento entre el ministro de la guerra, O´Donnell, y el de la Gobernación, Patricio de la Escosura, en torno al desarme de la Milicia Nacional, cada vez más poderosa. El apoyo de la corona al general provocó la dimisión de Escosura y del propio Espartero. O´Donnell se hacía con el poder el 14 de julio de 1856, declarando el estado de sitio y reprimiendo las revueltas que inmediatamente habían estallado en Madrid y Barcelona.

La vuelta al moderantismo (1856-68).Durante los tres meses que se mantuvo O´Donnell en el poder (julio a octubre del 56) el gobierno tuvo que atender a la pacificación del país. Al mismo tiempo, el general intentó recabar apoyos entre progresistas y moderados. Para contentar a los primeros se anunció la reforma de la Milicia Nacional y se prometió seguir adelante con el proceso desamortizador; para atraerse a los moderados, se restableció la Constitución de 1845 a la que se añadió un Acta Adicional que ampliaba las libertades respecto al texto moderado.No obstante, la reina optó por opciones más conservadoras, relevando a O´Donnell del cargo y sustituyéndolo nuevamente por Narváez quien permaneció en el poder un año completo. De la gestión de estos doce meses lo más destacable es la Ley de Instrucción Pública (Ley Moyano); por lo demás, se sucedieron las revueltas campesinas, favorecidas por la crisis económica, y volvieron a surgir divisiones en el seno moderado que favorecieron la salida de Narváez. Le sucedieron los ejecutivos de Armero (octubre del 57) e Istúriz (enero del 58), incapaces de lograr una mayoría parlamentaria. Finalmente, Isabel II volvió a nombrar primer ministro a O´Donnell (julio del 58) para conseguir una cierta estabilidad política. La misma se basaba en la formación de un nuevo partido: la Unión Liberal, cuyos rasgos principales eran la tolerancia y el eclecticismo. El embrión de la Unión estuvo en el liberalismo puritano, alejado del giro de los más moderados e inspirado por un gran pacto monárquico-constitucional frente a los demócratas y republicanos. La idea era defendida por Antonio Cánovas del Castillo y un grupo afín de diputados en las Cortes Constituyentes de 1854-56 y constituía la respuesta a la imposibilidad de volver a los postulados de la Década Moderada, y en aras a la estabilidad política y el desarrollo económico.Su programa de gobierno respondió a una triple idea:- Aislar políticamente los sectores más reaccionarios del régimen anterior.- Ofrecer vías de participación política al progresismo.- Estabilizar el régimen liberal en su fórmula censitaria y constitucional.Para poner en práctica estas ideas, la Unión Liberal intentó convertirse en partido único y para conseguirlo no dudaron en manipular los resultados electorales, dando lugar a un sistema de corrupción electoral que superó todo lo conocido anteriormente y constituyó el precedente inmediato del caciquismo de la Restauración. A pesar de ello, el gobierno de la Unión coincidió con un periodo de expansión económica sin precedentes en la historia de España. A ello contribuyó la recuperación de la ley de desamortización de Madoz, la liberalización del mercado y la propiedad y del subsuelo, mediante la Ley Hipotecaria de 1858 y la Ley de Minas de 1859 respectivamente, y la ambiciosa política estatal en obras públicas, transportes y comunicaciones.La política de estabilización interna estaba ligada también a una política de prestigio en el exterior, coincidiendo con el fenómeno del imperialismo europeo. En este contexto deben situarse la expedición franco-española a Conchinchina (1857-62), la guerra de Marruecos (1859-60), la colaboración junto a Francia e Inglaterra en la intervención militar a México (1861-62), la anexión efímera de Santo Domingo (1861-65) y la guerra del Pacífico (1863-66).Los objetivos de prestigio y popularidad del régimen se alcanzaron sólo relativamente. Es cierto que desde la guerra de Independencia España no había conocido un clima de exaltación patriótica semejante, pero la limitación de los recursos, la carencia de un programa definido en el campo de las relaciones internacionales y la unidad liberal sobrepuesta a la realidad plural del estado impidieron la consecución de logros más ambiciosos y duraderos.A pesar de su nombre, la Unión Liberal no consiguió nunca aglutinar a las opciones políticas del liberalismo más conservador y progresista. Además, su práctica política negaba la alternancia y el libre juego de las opciones existentes. Por si fuera poco, la escasa sensibilidad social del régimen se puso de manifiesto durante las sublevaciones campesinas –en especial la de Loja (Granada), en 1861- que fueron duramente reprimidas.El final del reinado de Isabel II.A finales de 1862 el gobierno de la Unión Liberal empezaba a estar desacreditado. Los progresistas, convencidos de que el sistema electoral les impedía acceder al poder y los moderados, empeñados en volver a posiciones cada vez más conservadoras. En marzo de 1863 O´Donnell presentó su dimisión y, tras una breve transición, volvió al gobierno el general Narváez (septiembre de 1864), imponiendo una política conservadora y represiva que contribuyó a acentuar la crisis política y social, ya de por sí deteriorada por la grave crisis económica generada por la paralización de las inversiones extranjeras en el ferrocarril, la caída en picado de la industria textil catalana como consecuencia de la Guerra de Secesión estadounidense (bloqueo a la importación de algodón) y el derrumbamiento de las bolsas europeas.A finales de 1864 la crisis llegó a la universidad, donde distintos profesores de inspiración krausista –aperturistas y anticlericales- criticaban la actuación del gobierno lo que se tradujo en la expulsión de algunos de ellos de sus cátedras. La manifestación estudiantil celebrada la noche del 10 de abril de 1865 terminó con una represión que causó nueve muertos y cerca de un centenar de heridos y fue bautizada como La matanza de la noche de San Daniel. Tras ello las protestas se generalizaron y la reina hubo de llamar nuevamente a O´Donnell para pacificar la situación en sustitución de Narváez. Sin embargo, el clima de agitación fue “in crescendo”. En enero de 1866 se produjo un intento de pronunciamiento del general progresista Juan Prim en Villarejo de Salvanes y el 22 de julio se sublevaron los sargentos del cuartel de San Gil. El cuartel fue tomado al asalto, muriendo sesenta soldados a los que se añadirían otros sesenta y seis fusilados por rebelión y cientos de heridos y deportados. A tan dura represalia se sucedió una ola de protestas por todo el país. La respuesta real fue devolver al gobierno a Narváez, quien impuso una durísima represión: suspendiendo las Cortes, cerrando los periódicos y persiguiendo a cualquier opositor.Bajo estas circunstancias, progresistas, demócratas y republicanos se reunieron en la ciudad belga de Ostende en agosto de 1866. Allí firmaron un pacto cuyo objetivo principal era derrocar a la reina Isabel, a quien se consideraba responsable de la situación, y la convocatoria de una Cortes constituyentes por sufragio universal. Tras la muerte de O´Donnell en 1867, la propia Unión Liberal se sumó al pacto, aislando definitivamente a los conservadores y a la reina.

El territorio de Castilla-La Mancha con Isabel II.
La guerra carlista en Castilla-la Mancha.
Aunque los principales escenarios de la I guerra carlista fueron, como hemos visto, el País Vasco y Cataluña, en Castilla La Mancha se hicieron notar igualmente sus efectos. El pretendiente Don Carlos, fue proclamado como rey de España (Carlos V) por la facción absolutista de Talavera en octubre de 1833, hecho que se considera como el inicio de esta guerra. A partir de entonces varias partidas carlistas atacaron La Mancha y los Montes de Toledo, reforzadas muchas veces por agrupaciones procedentes del norte. La expedición más famosa fue la protagonizada por Don Carlos en 1837, que recorrió varias zonas de Cuenca sin lograr entrar en Madrid.Otros jefes carlistas, como Cabrera, Gómez, Forcadell, y Santés amenazaron amplias zonas de Guadalajara, Cuenca y Albacete hasta el final de la guerra. En la mayoría de los casos las partidas carlistas se comportaban como guerrilleros, y no superaban los doscientos hombres. Su llegada provocaba el pánico, la huída precipitada de las autoridades a lugares seguros, la sustracción de caudales de los ayuntamientos y particulares, y la captura de rehenes. Un ejemplo fue la marcha de las autoridades locales de Albacete al vecino castillo de Las Peñas de San Pedro durante la entrada en dicha localidad de las partidas de Gómez y de Cabrera en 1836. Este último incendió varios edificios, y además impuso un tributo a la población.El bando carlista fue apoyado por el clero y parte del campesinado de los territorios de las órdenes militares, ya que no aprobaban las reformas que los liberales estaban haciendo a favor de los burgueses.

La reorganización administrativa en Castilla-La Mancha.El gobierno de Ceán Bermúdez, bajo la orientación del ministro Javier de Burgos, aprobó la reorganización del territorio del país para adecuarlo a los nuevos tiempos. Ello abarcó varios objetivos, entre los que destacamos:1. Nueva división provincial. Por decreto del 30-11-1833, se dividió el territorio en 47 provincias, manteniéndose así con leves modificaciones durante casi siglo y medio. En Castilla La Mancha, las nuevas directrices se plasmaron en la creación de dos provincias: la de Ciudad Real con la desaparición de la antigua provincia de La Mancha; y la de Albacete, integrada por tierras de Murcia (Chinchilla, Hellín, parte de la Sierra del Segura), Cuenca (pueblos de San Clemente), y La Mancha (zona de Alcaraz). Igualmente, parte del territorio de Cuenca y Toledo pasarían a Guadalajara. En posteriores divisiones, los municipios de Villena pasarían a la provincia de Alicante (1836), el de Requena a Valencia (1851), mientras que zonas de Ayora se integraría en la comarca de Almansa en 1837, al igual que Villarrobledo, que fue desgajado de Ciudad Real para integrarse en el partido judicial de La Roda (1846).2. Creación por Mendizábal en 1835 de los Gobernadores Civiles o máximos representantes del Gobierno en las provincias; y de las Diputaciones Provinciales, controladas por el gobernador civil e integradas por representantes de cada partido judicial en que se dividía cada provincia. Con ello se iniciaba la configuración de las futuras instituciones provinciales a nivel territorial.3. Establecimiento de la Audiencia Territorial en Albacete, decretada por Real Orden del 26-1-1837, con el objetivo de establecer una nueva división de los tribunales de justicia. La ubicación de la Audiencia derivó de la posición de Albacete en un cruce de caminos entre Madrid, Levante y Andalucía. Su radio de acción abarcó la propia provincia y a las de Ciudad Real, Cuenca y Murcia. Esta última se sintió discriminada y luchó durante largo tiempo por cambiar esta decisión gubernamental.